El informe detalla irregularidades y exige al gobierno actuar para resolver la crisis energética
SAN JUAN, Puerto Rico – Los contratos de LUMA Energy y Genera PR podrían ser anulados por irregularidades graves, según el informe de la Comisión Especial del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Tras 40 días de análisis exhaustivo, el estudio concluye que ambos acuerdos no solo violan principios legales fundamentales, sino que también han contribuido a empeorar la situación energética del país.
«Estos contratos están plagados de irregularidades que afectan al pueblo de Puerto Rico», expresó la presidenta del Colegio, Vivian Godineaux Villaronga, durante la conferencia de prensa donde se presentó el informe. “Esperamos que este informe sirva para que el gobierno actual y el próximo tomen las decisiones necesarias y resuelvan esta crisis”.
Vicios en la adjudicación y problemas operativos
El contrato de LUMA Energy, firmado en junio de 2020, ha sido cuestionado por permitir que la empresa asumiera la distribución de energía sin invertir en infraestructura, lo que dejó a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en una posición de mayor vulnerabilidad. El informe sostiene que este contrato es nulo “ab initio” por no cumplir con los requisitos legales básicos.
“Se adjudicó el contrato a LUMA antes de que esta empresa existiera legalmente”, explicó Luis Santini Gaudier, miembro de la Comisión, quien presentó una opinión disidente. «Esa irregularidad basta para justificar la anulación del acuerdo y la devolución de los fondos recibidos”.
El desempeño de LUMA ha estado bajo constante escrutinio por la mala gestión operativa, apagones frecuentes y la falta de transparencia. Estos factores han generado descontento social y protestas, resaltando las deficiencias del consorcio compuesto por ATCO Ltd., Quanta Services, e Innovative Emergency Management.
Por su parte, Genera PR, que asumió la gestión de la generación eléctrica en enero de 2023, enfrenta cuestionamientos por establecer un monopolio privado que controla más del 70% de la producción energética de la isla. El informe detalla que esta concentración viola las leyes 120 y 17, destinadas a evitar la concentración del mercado.
«Estamos ante una situación donde la política pública está siendo socavada por intereses privados», comentó Godineaux. «Se trata de una falta de transparencia que pone en riesgo la viabilidad del sistema energético”.
Recomendaciones legales: Nulidad o resolución contractual
La Comisión presenta dos vías legales para abordar los contratos:
- Litigio por nulidad: Una demanda que declare los contratos nulos desde su origen, eliminando cualquier obligación de cumplir sus términos.
- Resolución según los términos contractuales: Esta opción permitiría notificar los incumplimientos y establecer plazos para la remediación de las deficiencias, abriendo la puerta a un proceso de resolución de disputas.
“Ambos caminos son viables, pero cada uno conlleva desafíos”, advirtió Rolando Emmanuelli, abogado integrante de la Comisión. «La vía judicial puede ser larga y costosa, pero necesaria para sentar un precedente. Mientras, la resolución contractual podría llevar a una negociación que permita mitigar los daños a corto plazo».
Durante la conferencia, Zoe Negrón Comas, presidenta de la Comisión, enfatizó que, aunque el litigio no es inmediato, no debe descartarse debido al impacto potencial de mantener estos contratos durante 10 o 15 años. “La nulidad es la opción que mejor protege los intereses del país”, afirmó Negrón.
Impacto político y próximos pasos
El informe se presenta en un momento crítico, a pocos días de las elecciones generales. Todos los candidatos a la gobernación han expresado su intención de cancelar los contratos, aunque sus posturas han evolucionado a lo largo del proceso electoral. «Al principio, no todos los candidatos estaban dispuestos a rescindir los contratos», señaló Godineaux. “Sin embargo, ahora coinciden en que estos acuerdos deben ser cancelados”.
El informe será entregado al ejecutivo, al legislativo, a la Autoridad de Energía Eléctrica, a la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, y al Negociado de Energía, con el propósito de impulsar acciones inmediatas. También se enviará a las agencias federales y se publicará en la página del Colegio para acceso público.
“Este es un trabajo imparcial que ofrece una hoja de ruta clara para tomar decisiones”, destacó Emmanuelli. «Quien asuma el poder tras las elecciones debe actuar con responsabilidad y utilizar este análisis para resolver la crisis energética».
La presidenta del Colegio concluyó la conferencia subrayando la importancia de la transparencia y la responsabilidad en la gestión energética. «El pueblo merece un sistema eléctrico eficiente y confiable», afirmó Godineaux. «Este informe es el primer paso para garantizarlo».
Conclusión: Una crisis en espera de soluciones concretas
El informe deja claro que la continuidad de estos contratos bajo las actuales condiciones no es viable. Con la opción de la nulidad o la resolución contractual sobre la mesa, la decisión queda ahora en manos de las autoridades gubernamentales. Mientras tanto, el país sigue esperando una solución definitiva para un problema que ha marcado la vida de los puertorriqueños y que requiere de acciones contundentes e inmediatas.
“Este es un proceso complejo”, reconoció Negrón. “Pero estamos convencidos de que, con la voluntad política adecuada, es posible lograr un cambio significativo que beneficie a toda la ciudadanía”.
