San Juan, 23 feb (EFE News) – La Comisión de Desarrollo Económico y Energía de la Cámara de Representantes, presidida por Luis Raúl Torres, inició este martes un proceso de vistas públicas para investigar el contrato de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) adjudicado a LUMA Energy para operar la red eléctrica de Puerto Rico por un periodo de 15 años.
La Cámara baja informó a través de un comunicado de que para la primera sesión fue citado Fermín Fontanés, director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP).
Torres, en su turno inicial, aclaró que, a petición de la comisión, el funcionario de la AAPP no logró presentar los siguientes documentos que le fueron solicitados: Plan de Remediación del Sistema, Manual de Adquisición de Fondos Federales, Manual de Adquisición de No Fondos Federales, Plan de Respuesta de Emergencias y Estudio de Deseabilidad y Conveniencia.
Fontanés explicó que el Plan de Remediación del Sistema, Manual de Adquisición de Fondos Federales, Manual de Adquisición de No Fondos Federales actualmente están siendo redactados por la compañía LUMA Energy.
Mencionó que el Estudio de Deseabilidad y Conveniencia no se entregó, ya que el documento no forma parte de los recursos investigativos que produce la agencia.
«O sea, nosotros estamos pagando a LUMA para que ellos redacten sus planes de trabajo», señaló Torres Cruz.
El presidente de la comisión solicitó al deponente una explicación sobre los alcances del contrato de LUMA Energy.
«El contrato con LUMA es uno de operación y mantenimiento. El contrato no pacta ni contempla aumentos tarifarios. No hay disposición alguna en el contrato que autorice y/o le garantice a LUMA la imposición al consumidor de manera arbitraria e irrazonable de tarifas y aumentos en tarifas por servicio eléctrico», aseguró Fontanés.
«Ningún empleado regular de la AEE quedará sin empleo ni perderá beneficios como resultado del contrato», añadió Fontanés.
A respuestas de la lectura de la ponencia de la AAPP, Torres señaló que «no hay un plan de acción por parte de LUMA y eso es lo que queremos ver».
A contestación de los argumentos presentados por Fontanés, el presidente de la Comisión preguntó si LUMA tiene la autoridad ante el Negociado de Energía de solicitar cambios en una política pública.
Además, Torres cuestionó si existía una prohibición en blanco y negro en el contrato de LUMA Energy, que le prohibiera realizar una subcontratación de empresas afiliadas con alguna de sus matrices.
A su pregunta, el director ejecutivo de AAPP contestó que no.
