Durante vista del PS 433, sector privado advierte que congelar el tributo por cinco años no resuelve el problema ni ofrece certeza contributiva
SAN JUAN, Puerto Rico – Representantes del sector comercial reclamaron este miércoles al Gobierno de Puerto Rico una política pública clara y definitiva respecto al impuesto al inventario, al considerar que la propuesta contenida en el Proyecto del Senado 433 no atiende el problema de fondo.
La medida fue discutida durante una vista pública de la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, presidida por el senador Thomas Rivera Schatz.
El PS 433 propone congelar el impuesto sobre inventario durante los años fiscales 2024 al 2028, utilizando como base el promedio de valoración de inventarios y la tasa contributiva vigente para el año fiscal 2024-2025. La iniciativa también otorga al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) la facultad de solicitar al Departamento de Hacienda información de los contribuyentes, con el fin de desarrollar mecanismos para sustituir el tributo.
La presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR), Margaret Ramírez Báez, expresó que el impuesto al inventario resulta perjudicial para los comerciantes y para los consumidores. “Este tributo resulta nocivo tanto para comerciantes como para consumidores, pues encarece los costos y castiga a las empresas que mantienen inventario suficiente para atender la demanda”, sostuvo durante su ponencia.
Ramírez Báez propuso que la eliminación del impuesto se convierta en política pública y no se limite a una congelación temporal. La CCPR recomendó un plan escalonado de eliminación que inicie en el año fiscal 2025-2026 y concluya en el 2030-2031, reduciendo la base contributiva en un 20 % anual. También sugirió compensar la reducción en recaudos mediante un aumento del IVU en compras por internet, la reasignación de fondos del “room tax”, la consolidación de funciones administrativas municipales, y el establecimiento de una contribución sobre ingresos municipales acreditable al Estado.
Reacciones y posturas institucionales
El director ejecutivo del CRIM, Reinaldo Paniagua Látimer, indicó que el proyecto “procura atender la reclamación del impacto que tiene el impuesto sobre el renglón de inventario mediante una nueva disposición de congelación de dicho impuesto durante un período de cinco (5) años”. Aclaró que durante ese tiempo la entidad evaluará alternativas para sustituir el tributo.
No obstante, Paniagua propuso una enmienda al PS 433 para establecer una base fija de contribución utilizando la valoración del inventario reportada en la planilla del año económico 2024, y aplicar la tasa del año fiscal 2025-2026. Esta medida se aplicaría durante un periodo transitorio de tres años. Además, sugirió que los nuevos comerciantes tributen bajo el sistema vigente, y que aquellos con disminución en sus niveles de inventario puedan optar por tributar según el método actual.
De no aprobarse una legislación que sustituya el impuesto al final del periodo transitorio, recomendó que se evalúe el modelo de contribución al momento de la venta, basado en el costo de venta del inventario promedio anual. La propuesta aplicaría a partir de la radicación de la planilla de contribución sobre propiedad mueble correspondiente al año contributivo 2025, que se rinde el 15 de mayo de 2026.
Por su parte, la Asociación de Bancos de Puerto Rico indicó que la medida no afecta a su sector, pero recomendó aclarar los años contributivos cubiertos por el proyecto y extender el tratamiento a todos los comerciantes, no solo a aquellos con tres años de historial contributivo.
También se expresaron a favor de la medida el Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CPA) y la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), aunque ambos gremios insistieron en la necesidad de establecer un mecanismo robusto y definitivo para sustituir el impuesto a largo plazo.
Exposición de los municipios
El director ejecutivo del CRIM advirtió además que, tras la aprobación de la Ley 78-2025, que exime del tributo a los medicamentos recetados, los municipios enfrentarán una reducción estimada de $21 millones anuales, lo cual impactará particularmente a farmacias y droguerías.
Por su parte, el presidente de la Federación de Alcaldes y alcalde de Camuy, Gabriel “Gaby” Hernández Rodríguez, reiteró su apoyo al proyecto, señalando que “este proyecto crea un balance al ofrecer un alivio contributivo a los comerciantes sin afectar los ingresos que necesitamos para ofrecer servicios esenciales”.
Hernández recordó que la eliminación total del impuesto al inventario podría representar una pérdida de hasta $300 millones anuales para los municipios. Además, destacó que en los años fiscales 2023 y 2024, los ayuntamientos pagaron al gobierno central $456.3 millones y $462.3 millones respectivamente en concepto de PayGo, aportaciones a ASES y al fondo de redención de deuda.
La Federación de Alcaldes propuso que se utilice como base contributiva el inventario reportado en las planillas del año fiscal 2024, y que el CRIM garantice que cualquier informe sobre sustitución incluya alternativas viables que no afecten la estabilidad fiscal de los municipios. También recomendaron explorar un nuevo modelo basado en el costo de lo vendido, con tasas reducidas.
Durante su turno, la senadora Migdalia Padilla advirtió sobre el impacto que podría tener el congelamiento del tributo sin una fuente alterna de ingresos. “Aquí se están afectando todos. Esto no es algo bonito para la isla, pero hay que poner un detente”, expresó.
El senador Ángel Toledo López también reconoció la complejidad del tema y señaló que “fortalecer los municipios no es contradictorio a fortalecer a las empresas”.
El Proyecto del Senado 433 continuará su trámite legislativo, mientras las partes interesadas insisten en que cualquier modificación al impuesto al inventario debe ir acompañada de mecanismos reales y efectivos que garanticen certeza y sostenibilidad a largo plazo.
