Dos sectores comparecieron ante el Senado con propuestas distintas para atender el arbitrio de $15.50 por barril
SAN JUAN, Puerto Rico
El Centro Unido de Detallistas (CUD) pidió este miércoles al Senado una reducción inicial de la “crudita” y un calendario para eliminarla gradualmente. La Asociación de Industriales, que compareció en la misma investigación legislativa, favoreció evaluar ese arbitrio dentro de una reforma contributiva más amplia y advirtió que sustituir sus recaudos no tiene una solución sencilla.
Ambas organizaciones presentaron sus posiciones ante la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA, que investiga el gravamen al petróleo crudo y sus derivados mediante la Resolución del Senado 461. El Senado ya había examinado el destino de los recaudos y su posible efecto en el precio de la gasolina.
El presidente del CUD, Alan Taveras Sepúlveda, sostuvo que el arbitrio presiona los costos del transporte, las entregas y la distribución de mercancías. Su organización propuso una reducción significativa inicial, un periodo de evaluación de seis a 12 meses y rebajas adicionales sujetas a parámetros fiscales. También pidió identificar una fuente permanente para sustituir los ingresos que dejaría de recibir el Gobierno.
“Puerto Rico no controla el precio internacional del petróleo, pero sí podemos evaluar aquellas cargas locales que inciden sobre el costo de hacer negocios en la Isla”.
— Alan Taveras Sepúlveda, presidente del CUD
El CUD reconoció que una rebaja contributiva no se reflejaría necesariamente, en la misma proporción, en el precio que paga el consumidor. Entre los factores que también inciden mencionó la cotización internacional del petróleo, la refinación, el transporte y la distribución. Propuso medir cuánto ahorro llega efectivamente al público, además de evaluar el efecto sobre el comercio y los recaudos.
La Asociación de Industriales planteó en su ponencia escrita que los componentes del arbitrio suman $15.50 por barril. Su vicepresidenta ejecutiva, Karen Mojica Franceschi, señaló que la discusión no debe aislarse del conjunto de impuestos estatales y municipales. Según la organización, no hay una sustitución fiscal simple para esos ingresos, por lo que respaldó continuar el examen legislativo como parte de una reforma contributiva integral.
La diferencia entre ambas posturas está en el alcance y el ritmo: los comerciantes piden comenzar a reducir la carga ahora, con revisiones y un plan de reemplazo; los industriales insisten en diseñar primero una respuesta fiscal de conjunto. Ninguna de las dos propuestas equivale a una reducción aprobada del arbitrio.
