Organizaciones profesionales advierten que el PS350 criminaliza la atención médica y pone en riesgo a jóvenes trans en Puerto Rico
SAN JUAN, Puerto Rico – El Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico y el Colegio de Profesionales del Trabajo Social solicitaron esta semana a la gobernadora Jenniffer González Colón que vete el Proyecto del Senado 350, al considerar que criminaliza la atención médica y psicológica de menores trans y amenaza la salud mental de esta población.
La legislación establece una pena de hasta 15 años de cárcel, una multa de $50,000 y la revocación de licencias a profesionales de la salud que realicen terapias de afirmación de género a menores de 21 años, incluso con el consentimiento de padres o madres.
“Le solicitamos respetuosamente a la gobernadora que vete el Proyecto del Senado 350, pues no tan solo atenta contra la relación sagrada entre médico y paciente; sino que amenaza con enviar a la cárcel con 15 años en prisión a los profesionales de la salud que realicen terapias de afirmación de género que han sido validadas por todas las asociaciones médicas nacional e internacionalmente”, indicó el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, doctor Carlos Díaz Vélez, en una carta enviada a La Fortaleza.
Díaz Vélez subrayó que estos tratamientos “son esenciales para el bienestar y la salud mental de las personas trans” y advirtió que la medida “no sólo margina aún más a la niñez y juventud trans, sino que también les niega el acceso a servicios médicos esenciales que podrían salvar sus vidas”.
Por su parte, la presidenta del Colegio de Profesionales del Trabajo Social, Lydael Vega Otero, señaló que el proyecto penaliza el ejercicio ético de su profesión. “Nuestra organización reconoce que la atención de afirmación de género desde un enfoque holístico que aborda las necesidades médicas, psicológicas y sociales promueve su bienestar y protege sus derechos”, afirmó.
Vega Otero agregó que los modelos de afirmación de género “validan y apoyan la identidad de las personas, reconociendo que esta puede ser diferente a la asignada al nacer”, y que su objetivo es crear entornos seguros donde puedan expresarse y vivir con dignidad.
Ambos colegios coincidieron en que el proyecto PS350 sienta un precedente peligroso y pidieron a la gobernadora que lo rechace por atentar contra derechos fundamentales y por el potencial daño a jóvenes que necesitan acompañamiento profesional.
