La organización advierte que las grabaciones podrían inhibir a los niños de revelar situaciones de maltrato y abuso, y cuestiona la falta de claridad sobre el manejo de esas grabaciones
San Juan (EFE)
El Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico (CPTSPR) expresó su oposición al Proyecto del Senado 1301, pues al entender que la medida, aunque persigue fortalecer la protección de la niñez, podría limitar la identificación de casos de maltrato infantil.
Según explicó el CPTSPR, presidido por Lydael M. Vega Otero, el Proyecto del Senado 1301 propone establecer un mecanismo mediante el cual padres, madres o tutores legales puedan solicitar la grabación en audio y vídeo de intervenciones terapéuticas y otros servicios profesionales dirigidos a menores de edad.
«La posibilidad de ser grabados podría inhibir a muchos menores de compartir información sensible relacionada con situaciones de violencia, negligencia, maltrato o conflictos dentro de sus entornos familiares y comunitarios», dijo Vega Otero.
«Esto incluye experiencias que podrían involucrar a familiares, cuidadores o personas allegadas, como patrones de maltrato o abuso psicológico, físico o sexual que requieren ser identificados oportunamente para garantizar su protección y bienestar», agregó.
La portavoz de la organización destacó además que la identificación temprana de situaciones de riesgo depende, en gran medida, de que los menores puedan hablar con libertad y confianza.
«Si las grabaciones provocan temor, vergüenza o desconfianza, se reducen las oportunidades para que los profesionales reciban información crítica, documenten adecuadamente los hallazgos e inicien los procesos de intervención necesarios para proteger los derechos y la seguridad de la niñez», indicó.
Lamentó, a su vez, que estas grabaciones, «en lugar de fomentar la apertura, podrían generar silencios muy peligrosos».
La organización señaló que el proyecto senatorial no presenta evidencia suficiente sobre la magnitud del problema que pretende atender ni demuestra la necesidad de establecer un mecanismo tan amplio como la grabación en audio y vídeo de intervenciones terapéuticas y profesionales dirigidas a menores.
Otro de los señalamientos está relacionado con la falta de claridad sobre la custodia, almacenamiento y uso futuro de las grabaciones.
«Además, la medida no define con precisión cómo el Estado garantizará que estas grabaciones no sean compartidas, divulgadas o utilizadas indebidamente», sostuvo Vega Otero.
