La presidenta del gremio exhorta a la gobernadora a vetar una medida que, según indica, abriría la puerta al discrimen en servicios públicos
SAN JUAN, Puerto Rico – La presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, licenciada Vivian Godineaux Villaronga, hizo hoy un llamado firme a la gobernadora Jenniffer González para que vete el Proyecto del Senado 1, mejor conocido como la “Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa en Puerto Rico”.
Según la líder del gremio, la medida no solo es innecesaria, sino que representa una amenaza a los derechos civiles y constitucionales de amplios sectores de la ciudadanía.
La legislación, impulsada por el senador Thomas Rivera Schatz junto a las senadoras Joanne Pérez Soto y Joanne Rodríguez Veve, busca establecer un marco amplio de protecciones para el ejercicio de creencias religiosas en el ámbito público y profesional, incluyendo áreas tan sensitivas como la salud, la educación y el acceso a servicios gubernamentales. El proyecto permitiría que funcionarios del gobierno y profesionales regulados se nieguen a ofrecer servicios si estos entran en conflicto con sus convicciones religiosas, incluso en casos de vacunación obligatoria o atención médica.
“No hay fundamento ni razón que justifique convertir en ley esta medida”, expresó Godineaux Villaronga, al señalar que el proyecto replica iniciativas controversiales adoptadas en algunos estados de EE. UU., las cuales han sido objeto de intensas disputas legales, éticas y morales. “Esta legislación es innecesaria porque la libertad religiosa ya está garantizada por la Constitución. Lo que sí haría esta ley es institucionalizar el discrimen”, añadió.
El proyecto también modifica disposiciones clave de la Ley 25 de 1983 sobre inmunizaciones obligatorias, otorgando mayor poder a los padres para rechazar vacunas por razones religiosas y exigiendo consentimiento informado en casos de epidemias, incluso cuando la salud pública podría estar en riesgo.
Godineaux advirtió que la amplitud del lenguaje en la legislación abre la puerta a rechazos injustificados de servicios públicos. “Otorga protecciones adicionales que solo sirven para fomentar el discrimen”, subrayó. “Esta medida permite que un servidor público se niegue a atender a una persona por motivos religiosos sin tener en cuenta las consecuencias para los derechos humanos de esa persona”.
Por su parte, el texto legislativo insiste en que la ley no debe interpretarse como una autorización para discriminar, e incluso establece como política pública la obligación de buscar acomodos razonables para evitar conflictos. Sin embargo, para el Colegio de Abogados y Abogadas, las garantías escritas no bastan para contrarrestar los efectos reales de una legislación de este tipo en la vida cotidiana de las personas más vulnerables.
“Señora gobernadora, obre a la altura de los tiempos”, concluyó Godineaux, “y no ceda a la presión de quienes no estiman los derechos de toda la ciudadanía que habita en nuestro país, indistintamente de su credo, origen u orientación sexual. Proteja, con su veto, los derechos civiles y el principio constitucional cardinal de igual protección de las leyes”.
La decisión ahora queda en manos de la gobernadora, quien tendrá la última palabra sobre si este controvertido proyecto se convierte en ley o no. La medida ya ha reavivado el debate sobre los límites entre libertad religiosa y derechos civiles en una sociedad democrática y diversa como la puertorriqueña.
