La institución denunció las expresiones del expresidente como un atentado a la democracia y a la independencia judicial
SAN JUAN, Puerto Rico — El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico alzó la voz este 24 de marzo de 2025 para condenar firmemente las recientes declaraciones del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en las que amenazó con imponer sanciones a abogados y abogadas que impugnen sus políticas migratorias.
La presidenta de la entidad, la Lcda. Vivian Godineaux Villaronga, calificó las expresiones como un ataque directo al ejercicio libre e independiente de la abogacía y una afrenta a los principios fundamentales de la democracia.
“El respeto al trabajo de la abogacía es esencial para garantizar el debido proceso de ley y la justicia para todas las personas. Perseguir a profesionales del derecho por representar a sus clientes o cuestionar las acciones del gobierno es inaceptable en un Estado de Derecho”, sostuvo Godineaux Villaronga en declaraciones escritas.
La institución destacó que la función crítica tanto de la abogacía como de la rama judicial resulta indispensable en un sistema democrático. “Una democracia saludable requiere que las acciones del gobierno puedan ser fiscalizadas y cuestionadas ante los tribunales. La separación de poderes es un pilar fundamental que protege a la ciudadanía de abusos y garantiza que las leyes y políticas públicas sean evaluadas bajo los principios constitucionales”, añadió la presidenta del Colegio.
En su comunicado oficial, el Colegio reafirmó su compromiso con la defensa de la independencia judicial y la libertad en el ejercicio de la profesión legal. Asimismo, hizo un llamado a la comunidad jurídica y al público en general a rechazar todo intento de intimidación que ponga en riesgo los derechos fundamentales y el acceso igualitario a la justicia.
Con esta postura, el Colegio se une a un creciente coro de voces en Estados Unidos y otras jurisdicciones que han expresado preocupación por los ataques verbales del expresidente Trump hacia miembros del sistema judicial y legal que discrepan con sus propuestas migratorias y políticas públicas.
La presidenta concluyó enfatizando que “el respeto a la ley y al ejercicio de quienes la practican es indispensable para sostener una sociedad democrática y justa”.
