La entidad denuncia violaciones al derecho a la privacidad y exige respeto a la dignidad humana
SAN JUAN, Puerto Rico — La presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Vivian Godineaux Villaronga, denunció como una «afrenta» la entrega de información sobre inmigrantes por parte del gobierno local al gobierno federal, calificando la acción como una violación directa al derecho universal a la privacidad.
Godineaux recordó que la Ley 97 de 2013, aprobada durante la administración de Alejandro García Padilla, permite la expedición de licencias de conducir a personas sin estatus migratorio definido en Puerto Rico. Según subrayó, dicha legislación reconoce las contribuciones de estas personas a la sociedad y establece la obligación estatal de respetar su dignidad y brindarles protecciones fundamentales.
“El estado debe velar por la dignidad humana de todas las personas que residen en su jurisdicción, sin importar su estatus migratorio”, afirmó la presidenta del Colegio, enfatizando que la entrega de datos personales constituye un retroceso en los derechos civiles y humanos de la comunidad inmigrante.
La organización también reiteró su rechazo a la colaboración de agencias estatales con las ejecutorias del gobierno federal, particularmente aquellas iniciadas durante la administración de Donald Trump, que han sido ampliamente cuestionadas ante los tribunales. “No hay obligación legal de parte de las agencias del gobierno de Puerto Rico de asistir en la implementación de estas políticas discriminatorias”, declaró Godineaux.
El Colegio exhortó al gobierno local a reevaluar su posición y reafirmar su compromiso con los principios de justicia, equidad y respeto a los derechos humanos.
