Organización sostiene que la medida carece de diagnóstico, consulta pública y base constitucional
SAN JUAN, Puerto Rico – El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) presentó una ponencia ante el Senado en la que advirtió que el Proyecto del Senado 1096 constituye una reforma judicial “sin diagnóstico y sin fundamento constitucional”.
La presidenta del CAAPR, Vivian Godineaux Villaronga, compareció a una vista pública senatorial junto a integrantes de la comisión especial designada por el Colegio para evaluar la medida. Durante su intervención, sostuvo que el proyecto es improcedente, inconstitucional y carece de legitimidad democrática.
Según expuso la organización, la medida propone derogar la Ley de la Judicatura de 2003 sin que se haya realizado un análisis técnico del sistema judicial ni un proceso amplio de consulta con la comunidad jurídica y la ciudadanía.
“La magnitud de la reforma propuesta exige, por imperativo democrático, un proceso de discusión amplia, robusta y participativa. El Proyecto del Senado 1096 no responde a un diagnóstico sistémico público, ni resulta como producto de una comisión técnica institucional”, expresó Godineaux Villaronga.
La presidenta del Colegio subrayó que la actual Ley 201-2003 fue producto de un proceso colaborativo, interdisciplinario y basado en evidencia. En contraste, indicó que el proyecto en discusión no presenta estudios, datos ni diagnósticos que sustenten los cambios propuestos.
Además, el CAAPR señaló que la medida reduce o elimina principios rectores del sistema judicial, como la independencia judicial, la accesibilidad, el enfoque humanista, la planificación estratégica y la participación ciudadana.
Uno de los principales cuestionamientos del Colegio se dirige a la intención del proyecto de reinterpretar la Constitución para establecer un modelo de “coadministración” del Poder Judicial. Según la ponencia, ese concepto no tiene base en el texto constitucional, en la historia de la Convención Constituyente ni en la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
El CAAPR reiteró que cualquier reforma judicial debe surgir de un proceso riguroso, transparente y participativo. A su juicio, alterar la estructura constitucional del Poder Judicial sin ese nivel de análisis pone en riesgo la estabilidad institucional y la confianza pública.
La comisión especial del Colegio que evaluó la medida estuvo integrada por Yanira Reyes, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Interamericana; Fernando Moreno Orama, decano de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico; Sonia I. Vélez Colón, exjueza del Tribunal de Apelaciones; Manuel A. Quilichini, expresidente del CAAPR, y Carlos L. Vizcarrondo Irizarry, expresidente de la Cámara de Representantes.
