El gremio denuncia violaciones al derecho internacional y advierte sobre riesgos para la estabilidad regional
SAN JUAN (EFE) – El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico expresó este sábado su profunda preocupación y rechazo ante la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, así como ante la captura y extracción forzada de su presidente, Nicolás Maduro, fuera de territorio nacional.
«La intervención armada extranjera, la captura de un jefe de Estado extranjero y la imposición de cambios políticos mediante el uso de la fuerza por parte de una potencia ajena constituyen una grave violación al Derecho Internacional, la Carta de las Naciones Unidas, y a los principios de soberanía, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de controversias», expresó el ente en un comunicado.
Según detalló, en su Asamblea General del 10 de septiembre de 2025 y mediante una resolución aprobada por la Junta de Gobierno en diciembre de 2025, la institución «rechazó categóricamente la remilitarización de Puerto Rico y su utilización como plataforma para intervenciones militares de los Estados Unidos en el Caribe y América Latina, reafirmando su compromiso con la paz y el derecho internacional».
Estas expresiones surgen a raíz del uso del Ejército de Estados Unidos para llevar a cabo ejercicios militares en varias bases en Puerto Rico, colonia del país norteamericano, previo a la intervención realizada en la madrugada de este sábado en la capital venezolana.
«Reiteramos nuestra oposición a que Puerto Rico sea utilizado como enclave militar o base logística para conflictos armados internacionales», afirmó el gremio.
«Como territorio colonial, el pueblo puertorriqueño no participa de las decisiones que conducen a estas acciones, pero sí carga con sus riesgos, consecuencias y posibles represalias, una realidad incompatible con los principios democráticos y de autodeterminación», agregó.
Puerto Rico, vinculado a Estados Unidos como Estado Libre Asociado, tiene cierto grado de autonomía y cuenta con un Gobierno y un Parlamento locales, pero áreas como la defensa, las fronteras, la moneda y las relaciones diplomáticas permanecen bajo el control de EE.UU.
El gremio reiteró que «la defensa de los derechos humanos, la democracia y la justicia no puede sostenerse sobre la violación del Derecho Internacional».
«La historia demuestra que la fuerza militar no sustituye al derecho ni al diálogo entre los pueblos», afirmó.
Ante ello, hizo un llamado «urgente a la comunidad internacional a activar los mecanismos multilaterales y diplomáticos disponibles, a garantizar el respeto al debido proceso y a evitar una escalada mayor del conflicto que comprometa la estabilidad y la paz regional».
