El grupo denunció que el Proyecto de la Cámara 310 limitaría el acceso de ciudadanos y comunidades a remedios legales y administrativos frente a proyectos de construcción
SAN JUAN, Puerto Rico – La Coalición Defiende a Cabo Rojo denunció el Proyecto de la Cámara 310 y solicitó una reunión urgente con la gobernadora Jenniffer González Colón, al alegar que la medida restringe el acceso de ciudadanos, comunidades y organizaciones a mecanismos legales y administrativos para impugnar proyectos de construcción.
Según la organización, la medida fue aprobada en el Senado el 13 de abril de 2026 y enviada de inmediato al escritorio de la gobernadora, sin que mediara una discusión pública previa. La coalición informó que el 17 de abril entregó en La Fortaleza una carta formal para pedir una reunión inmediata con la mandataria. Indicó además que el documento había sido suscrito hasta el momento por 350 personas y 56 organizaciones y negocios.
La agrupación sostuvo que el proyecto, junto con el propuesto Código de Planificación y Permisos y otras medidas legislativas como el Proyecto de la Cámara 25, favorecería intereses de desarrolladores al reducir la capacidad del pueblo para acudir a los tribunales o presentar querellas administrativas.
Entre los señalamientos, la coalición indicó que el Proyecto de la Cámara 310 exigiría el pago de una fianza equivalente al 10% del costo estimado de un proyecto de construcción para poder radicar un caso legal o una querella administrativa. También afirmó que la medida eliminaría la facultad de los jueces para eximir de ese pago a comunidades de escasos recursos y a organizaciones sin fines de lucro.
De igual forma, la organización alegó que la medida requeriría demostrar un “daño inminente” a la persona o a la propiedad, lo que, a su juicio, dificultaría aún más la posibilidad de reclamar remedios legales ante proyectos que puedan afectar la salud, el ambiente o la seguridad de residentes y comerciantes.
La coalición utilizó como ejemplo el megaproyecto Esencia, cuyo costo estimó en $2,000 millones. Según expuso, de aplicarse el proyecto, un ciudadano o grupo comunitario que quisiera impugnarlo tendría que prestar una fianza de $200 millones. El grupo argumentó que una exigencia de esa magnitud convertiría el acceso a la justicia en un privilegio reservado para sectores con mayores recursos económicos.
Además, la organización denunció que la medida permitiría construcciones en Suelo Rústico Especialmente Protegido si el gobierno estatal o municipal clasifica la obra como proyecto estratégico. A juicio de la coalición, esa disposición debilitaría las protecciones ambientales vigentes en el Plan de Uso de Terrenos.
El grupo también vinculó la controversia con proyectos que, según indicó, se encuentran en distintas etapas en municipios como Cabo Rojo, Aguadilla, Fajardo, Río Grande y Vieques, así como con propuestas recientes de desarrollos de lujo a gran escala en Dorado, Naguabo y Loíza.
La coalición recordó además que el 28 de marzo decenas de miles de personas se manifestaron contra el proyecto Esencia y reiteró su pedido para que la gobernadora escuche sus planteamientos y vete el Proyecto de la Cámara 310. También exhortó a la ciudadanía a mantenerse activa en la defensa del territorio y a respaldar la carta dirigida al Ejecutivo.
