La organización reclama estudios científicos, una evaluación del costo de posibles daños y garantías de fiscalización y participación pública
SAN JUAN, Puerto Rico
Ciudadanos del Karso pidió este lunes que la Cámara de Representantes no adelante el Proyecto 1079 hasta que se contesten interrogantes sobre el impacto de las enmiendas propuestas a la Ley 292-1999 en los acuíferos, la fiscalización ambiental y la protección de la región cársica.
El reclamo se produjo ante la continuación de las vistas públicas sobre la medida. La organización sostuvo que las decisiones deben sustentarse en evidencia científica y considerar sus consecuencias sobre los recursos hídricos.
“La pregunta que todavía debe contestarse es muy sencilla: ¿qué evidencia científica demuestra que las nuevas disposiciones no reducirán la protección de nuestros acuíferos?”, expresó Abel Vale Nieves, presidente del grupo.
Entre las respuestas que reclama la entidad están las deficiencias específicas de la ley y de los instrumentos de protección que justificarían las enmiendas, así como los estudios hidrogeológicos y ecológicos que permitan evaluar si los cambios afectarían los acuíferos o provocarían la pérdida de áreas de alto valor.
También solicitó calcular el costo económico de una eventual contaminación o reducción en la capacidad de las fuentes de agua y explicar cómo se garantizarán la evaluación científica independiente, la fiscalización ambiental y la participación pública.
Según Ciudadanos del Karso, el proyecto sustituye el concepto de “conservar” por “aprovechar y manejar” la fisiografía cársica y modifica las facultades gubernamentales para implantar la ley. La organización considera que el efecto acumulado de las enmiendas podría alterar los mecanismos de protección vigentes.
Vale Nieves también expresó preocupación por los cambios a la delimitación del territorio protegido, la distribución de responsabilidades entre agencias y los procedimientos de reglamentación y permisos. Afirmó que su planteamiento no busca impedir el desarrollo, sino que se evalúen sus consecuencias sobre el agua.
En la vista inicial sobre el proyecto, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y la Junta de Planificación respaldaron la revisión legislativa con argumentos distintos. El DRNA recomendó conservar su discreción técnica en las evaluaciones científicas, mientras Planificación defendió que la política de uso de suelos recaiga en esa junta.
Por su parte, el Departamento de Justicia recomendó aclarar la distribución de competencias entre las agencias, particularmente sobre el agua, las cuevas y los sumideros.
