San Juan, 8 nov (EFE) – Cientos de personas se manifestaron este lunes frente al Tribunal federal de San Juan, donde la jueza Laura Taylor Swain llevará a cabo las vistas sobre el Plan de Ajuste de Deuda (PAD) de Puerto Rico para determinar su validez y entrada en vigor.
La mayoría de los manifestantes presentes en el máximo foro judicial federal de la isla eran miembros del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), entre ellos sus legisladores Denis Márquez y María de Lourdes Santiago, a los que se les unieron después estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
«Vinimos a denunciar la legislación que se aprobó y demostrarle al país, al tribunal y a la jueza, que hay un gran sector de la población que se opone a este modelo económico, que intenta imponer el tribunal, que no es más que empobrecer al país», dijo Márquez a Efe.
La jueza federal Taylor es la responsable de la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico, un tema controvertido que ya ha generado numerosas protestas.
«Esa deuda es ilegal y no la vamos a pagar», «No se cuadra el presupuesto violando nuestros derechos» o «Cuando un pueblo va pa’ lante no hay gobierno que lo aguante» fueron algunos de los lemas que exclamaron los manifestantes, mientras otros cargaban pancartas con mensajes alusivos a la protesta.
El PAD se oficializó cuando el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, firmó el pasado 26 de octubre el Proyecto de la Cámara 1003, previamente aprobado por el Legislativo, que propone recortar la deuda pública de más 70.000 millones de dólares a 34.000.
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF), ente establecido por el Congreso en Washington para supervisar el impago de la deuda, advirtió que evaluará el texto para comprobar que efectivamente hace posible el PAD, ya que se introdujeron enmiendas respecto al documento inicial.
Al rubricarlo, Pierluisi defendió que la reestructuración de la deuda del Gobierno «es esencial para lograr terminar con el proceso de quiebra y poder regresar al progreso», pero muchos consideran que será perjudicial para sectores como los funcionarios jubilados y la universidad pública.
Ese proyecto de reestructuración de la deuda crea la Ley para Ponerle Fin a la Quiebra de Puerto Rico y contiene las disposiciones y condiciones para aprobar la oferta, venta y emisión de los diferentes tipos de bonos de obligación general.
«Eso quiere decir consumar la faena que con toda probabilidad nos lleve a una segunda quiebra; la entrega de una cantidad sustancial de efectivo como parte de esta transacción», explicó a Efe la senadora del PIP María de Lourdes Santiago durante la protesta de hoy.
«Nosotros no estamos por la vía del esquema colonial, dejando saber que el país no está de rodillas y que nos oponemos a una transacción que nos llevará a la miseria», afirmó.
La legisladora citó otros ejemplos de alegados proyectos gubernamentales que ayudarían a disminuir la deuda pública como la imposición del Impuesto sobre la Venta y Uso de artículos y denunció que «con un sistema diseñado por Wall Street, no habrá nada satisfactorio para nosotros ni dentro del esquema colonial».
