Un Junte Científico en la UPR de Mayagüez expuso avances jurídicos en 40 países y llamó a legislar en la región
MAYAGÜEZ – Científicos caribeños alertaron sobre la urgencia de legislar en Puerto Rico y el Caribe la protección de los derechos de la naturaleza, un marco jurídico que ya ha sido adoptado en 40 países y que ha permitido importantes victorias judiciales para la defensa de especies en peligro de extinción, la preservación de hábitats naturales y la protección del planeta.
El llamado se realizó durante un conversatorio celebrado en el Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, como parte de un Junte Científico internacional auspiciado por la Coalición Boricua por los Derechos Inherentes de la Naturaleza, la Fundación Segarra Boerman y Para la Naturaleza.
“Nos toca desde Puerto Rico mirar hacia el Caribe, proteger las especies en peligro de extinción y promover legislación para especies endémicas. En Bélgica acaban de nombrar el ecocidio contra la naturaleza como ley. Crearon una embajada para proteger unos peces en peligro de extinción en el mar Báltico. Nos toca al Caribe ser mejores ancestros de futuras generaciones y sembrar la semilla de proteger los derechos de la naturaleza. El efecto de tener un planeta más sostenible quizás no lo veremos nosotros, pero sí nuestros descendientes”, expresó la profesora y ecóloga Dimaris Acosta.
El concepto de los derechos de la naturaleza plantea que la naturaleza tiene existencia propia y no está sujeta al dominio del ser humano. Este enfoque se vincula directamente con los derechos humanos y el bienestar colectivo, ya que la supervivencia humana depende de ecosistemas saludables. En los países donde estos derechos han sido legislados, cualquier ciudadano puede tener capacidad jurídica para representar a la naturaleza en los tribunales.
Durante el conversatorio se presentaron ejemplos concretos de victorias legales. Andrea Terán, bióloga ecuatoriana, relató el caso de la rana arlequín hocicuda, una especie endémica que se creía extinta desde la década de 1980. “Una rana le ganó al ministro de Ecuador. En el valle de Intag, en la región de los Andes, apareció la última población conocida de esta especie dentro de una concesión minera. La empresa omitió la presencia de esta y otras especies. Tras varias batallas judiciales, se le retiró la licencia por ignorar a estas especies en peligro”, explicó.
En Panamá, la bióloga marina estadounidense Callie Veelenturf destacó el proceso de adopción de los derechos de la naturaleza desde una perspectiva científica y comunitaria. “Fui proponente de los derechos de la naturaleza en Panamá. Mi preocupación surgió por las tortugas marinas y sus áreas de anidaje. En dos años se logró aprobar la legislación. Me reuní con el congresista Juan Diego Vásquez, quien radicó el proyecto en 2022. Hoy cualquier ciudadano puede presentar un caso en defensa de la naturaleza”, indicó. Añadió que en 2024 se consolidaron zonas protegidas de anidaje de tortugas y un nuevo refugio de vida silvestre.
El encuentro reunió a científicos y profesionales de diversas disciplinas, entre ellos Monique Johnson, geocientífica de Trinidad y Tobago y Bahamas; Machel Donegan, geógrafo de Jamaica; Juan Pablo Álvarez, ficólogo de Puerto Rico; Carlos Torres, ecólogo puertorriqueño; Steve Maldonado Silvestrini, artista y botánico; y Jaime Suárez Berrocal, artista. También participó el fotógrafo de conservación dominicano Eladio Fernández, quien compartió experiencias de denuncias ambientales documentadas a través de la fotografía.
Fernández relató cómo su trabajo visual ha contribuido a cambios en políticas públicas en República Dominicana, como la denuncia de la pesca intensiva de anguilas, un negocio lucrativo que amenaza con llevar a la especie a la extinción, y la exposición del maltrato a flamencos a los que les cortaban las alas para exhibirlos en hoteles. Tras la denuncia pública, los flamencos fueron removidos de las instalaciones turísticas y trasladados a un área protegida.
Juan Pablo Álvarez-Rosario planteó que Puerto Rico puede avanzar hacia la protección de los derechos de la naturaleza desde múltiples escalas. “Se puede comenzar desde movimientos comunitarios, municipios o regiones de cuencas hidrográficas. También es posible promover una unión caribeña que lleve esta lucha a otro nivel”, sostuvo. Como ejemplo, mencionó experiencias de restauración ecológica en Isla Magueyes, en Lajas, donde organizaciones ambientales y comunidades de pescadores trabajan en la rehabilitación de arrecifes de coral mediante viveros, reintroducción de especies y recuperación del ecosistema marino, lo que reduce la erosión costera.
El diálogo fue facilitado por Alexandra Hertell, de la Fundación Segarra Boerman, y Camila Marambio, de Para la Naturaleza. La Coalición Boricua por los Derechos Inherentes de la Naturaleza proyecta continuar con esfuerzos de educación pública y, eventualmente, promover legislación en Puerto Rico. Los compromisos del grupo están recogidos en la Declaración de Reconocimiento y Defensa de los Derechos Inherentes de la Naturaleza, a la que pueden sumarse personas y organizaciones que respalden esta visión. Más información está disponible en linktr.ee/derechosdelanaturaleza.
