La organización respalda la intención ambiental, pero advierte sobre impactos económicos a las PYMES
SAN JUAN, Puerto Rico – El Centro Unido de Detallistas (CUD) presentó esta mañana su posición oficial ante la Comisión de Desarrollo Económico, Servicios Esenciales y Asuntos del Consumidor del Senado de Puerto Rico, como parte de la investigación legislativa en curso relacionada con la Resolución del Senado 112 sobre el uso de bolsas plásticas y su impacto ambiental, comercial y económico.
La ponencia fue presentada por la Lcda. Agnes Martínez, asesora legal del CUD, en representación del presidente del Centro Unido de Detallistas, el Dr. Ramón C. Barquín III, quien expresó su respaldo a la medida, al tiempo que hizo un llamado a la coherencia legislativa y al diseño de estrategias públicas que no castiguen injustamente al comercio local, en especial a las pequeñas y medianas empresas (PYMES).
“Puerto Rico necesita proteger el ambiente, pero también necesita proteger a sus comerciantes. Las PYMES ya enfrentan un aluvión de costos operacionales. Imponer nuevas medidas restrictivas sin consultar a quienes están en la primera línea –nuestros detallistas– solo crea más desconexión entre la política pública y la realidad comercial”, declaró el Dr. Barquín.
Durante la vista pública, el CUD expresó su preocupación sobre la falta de uniformidad y claridad en la implementación de la Ley 247-2015, que originalmente buscaba reducir el consumo de bolsas plásticas de un solo uso. Aunque el Centro respaldó el espíritu de la ley, denunció la ausencia de campañas educativas efectivas, así como la carga económica y la incertidumbre que ha recaído sobre los empresarios ante cambios legislativos constantes.
“Nuestra recomendación es clara: si vamos a rediseñar la política pública sobre este tema, que se haga de forma participativa, con datos en mano y asegurando que haya un periodo de orientación real. No se puede legislar a espaldas de los empresarios”, afirmó Barquín.
El CUD también advirtió que muchos comerciantes han incurrido en costos adicionales al tener que adoptar bolsas reutilizables más costosas sin recibir apoyo o compensación alguna. Además, se recalcó que el consumidor también debe asumir su cuota de responsabilidad en la adopción de prácticas sostenibles.
El Dr. Barquín reafirmó el compromiso del CUD con la protección ambiental, pero reiteró que cualquier solución debe ser pragmática, colaborativa y basada en la realidad de los pequeños negocios en la Isla.
“Estamos aquí para sumar. Queremos colaborar en la construcción de un Puerto Rico más limpio, pero también más justo para quienes crean empleos, pagan contribuciones y luchan todos los días por mantener sus puertas abiertas. Sin empresa local no hay país”, puntualizó.
“La sostenibilidad no puede construirse a costilla del pueblo”
La secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor, Valerie Rodríguez Erazo, reaccionó a la discusión legislativa a través de sus redes sociales, destacando la importancia de evaluar la Ley 247-2015 con base en datos concretos.
“Hoy estuvimos en vista pública sobre la Resolución del Senado 112. Agradecemos al Senado de Puerto Rico y en especial a la Comisión de Desarrollo Económico por abrir este espacio de análisis sobre una política pública que, aunque bien intencionada, merece ser evaluada con honestidad y datos concretos”, escribió en su cuenta oficial.
“La Ley 247-2015 nació para proteger el ambiente promoviendo el uso de bolsas reusables. Sin embargo, tras casi una década, lo que vemos es que ahora se cobra por algo que antes era gratis, sin programas efectivos de reciclaje ni resultados reales para el ambiente”, añadió.
Rodríguez concluyó que en DACO “siempre respaldaremos las iniciativas que protejan nuestro entorno. Pero la sostenibilidad no puede construirse a costilla del pueblo. Si no hay resultados, no es justo que sea el consumidor quien termine pagando más”.
Agregó que su agencia continuará colaborando en todo esfuerzo legislativo que busque hacer valer los derechos de los ciudadanos.
