Por Marcos Pérez Ramírez
Especial para EyBoricua
(Joyuda, Cabo Rojo, 7 de junio)- La casa rondante de Moises Sánchez Loperena, expresidente de la Junta de Subasta de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) fue trasladada a otra propiedad de alquiler vacacional a corto plazo llamada Joyuda Blue Apartments, que administra su socio de negocios Willidy Vega Acevedo, con quien se asoció para crear Blue Bay Village, la empresa que obtuvo una concesión para el uso de la zona marítimo terrestre que ayer fue revocada por el Departamento de Recursos Naturales (DRNA).
Dos fuentes distintas le han informado a EyBoricua de una tercera propiedad en este sector que está ubicada a medio camino entre el predio donde estaba la casa rondante, Km 13.7 de la carretera PR-102, Joyuda, y el alquiler vacacional a corto plazo Joyuda Blue Apartments, que está ubicado frente al restaurante Island View.
Las fuentes apuntan a que Sánchez Loperena y Vega Acevedo se han asociado para adquirir y administrar propiedades de alquiler vacacional a corto plazo en este sector del barrio Joyuda, en Cabo Rojo. Sin embargo, las gestiones que EyBoricua ha hecho para confirmar esta información con el señor Sánchez Loperena, así como la que publicamos la pasada semana sobre su casa rodante, no han rendido frutos. No hemos tenido respuesta.
De otra parte, los perfiles en las redes sociales de Facebook y LinkedIn de Sánchez Loperena y Vega Acevedo, en los que había un tracto de videos y fotografías que mostraban a ambos compartiendo con amistades en común en Joyuda Blue Apartments, así como de actividades que hacían en la playa de la casa rodante, fueron desactivados.
Ayer, el DRNA revocó la concesión de uso de la zona marítimo terrestre que se agenció Moisés Sánchez Loperena en febrero de 2021 -mientras aún era presidente de la Junta de Subastas de ACT- que le permitió colocar una casa rondante Coleman de 30 pies y de la que se aprovechó para construir de manera ilegal, un deck en madera, una verja de ciclone fence y zapatas en concreto, construcciones no autorizadas por la propia concesión.
La concesión de uso de la zona marítimo terrestre, plagada de vaguedades, falta de documentación, mal tramitada, y con “información que no corresponde a la realidad” – según consigna el propio DRNA en su revocación- fue firmada por el exsecretario Licenciado Rafael Machargo.
Por su parte, luego que el DRNA anunciara su revocación, la Legislatura Municipal de Cabo Rojo aprobó en la noche de ayer lunes una resolución presentada por el legislador del Partido Independentista, Guarionex Padilla Marty, «para solicitarle al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico una investigación exhaustiva sobre construcciones en la zona marítimo terrestre dentro de la jurisdicción municipal de Cabo Rojo».
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