San Juan (EFEUSA) – La directora ejecutiva de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) de Puerto Rico, Rosana M. Aguilar, desmintió este lunes que el Gobierno local haya comprado a sobreprecio cientos de cilindros de seguridad para las carreteras que quedaron afectadas tras el paso del huracán María.
Las expresiones de Aguilar surgen cuatro días después de que el periódico «Primera Hora» publicara una historia asegurando que el gobierno de Ricardo Rosselló pagó hasta $500 por estos cilindros, cuando estas piezas pueden costar de entre $75 y $100.
El pago de estos cilindros provocó entonces la reacción de la ciudadanía por el excesivo gasto, mientras que Rosselló defendió la compra de estos cilindros porque Puerto Rico se encontraba en «una situación de emergencia».
Aguilar, de igual manera, enfatizó que a partir de la emergencia en la isla tras el paso de los huracanes Irma y María, «la cantidad de deslizamientos de terrenos que afectaron nuestro sistema vial fue histórica».
«Ante dicha situación, se procedió a identificar y solicitar recursos del gobierno federal para mitigar los daños», sostuvo.
Ante ello, Aguilar explicó que uno de los requisitos de la Administración Federal de Carreteras fue, precisamente, que todos los lugares donde hubo derrumbes y representaba una amenaza para la seguridad de conductores y peatones, fueran atendidos con la instalación de varios dispositivos de seguridad.
Entre esos dispositivos, se incluyeron vallas, rotulación, marcado, conos y cilindros de seguridad, conocidos en inglés como «traffic drums».
«Para cada uno de estos proyectos se procedió de acuerdo con las disposiciones federales, convocando y realizando subastas para que fuera a los mejores postores a los que se les adjudicara cada proyecto. Y eso, precisamente, fue lo que sucedió aquí», detalló Aguilar.
«Cada propuesta incluye todos estos dispositivos y servicios, los cuales no se pueden adquirir por separado. La ACT no puede comprar las vallas a un contratista, los rótulos a otro, y los ‘drones’ a un tercero. Esas no son las normas de la industria ni de la Administración Federal de Carreteras», agregó.
Aguilar enfatizó que al final del proceso, se seleccionó a la compañía que ofreció todos los dispositivos y servicios «que requerimos por el precio más bajo», siendo la segunda la de mejor oferta, de $400,000.
Por su parte, el legislador José Varela, del opositor Partido Popular Democrático, presentó la Resolución de la Cámara 1418 para investigar la adquisición de los cilindros.
