Managua, 23 abr (EFE) – El Movimiento Campesino Anticanal de Nicaragua pidió este viernes al Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega el cese de «asesinatos selectivos», con base en el Acuerdo de Escazú, el primero de carácter vinculante en temas ambientales en Latinoamérica, que entró en vigor ayer.
«Hacemos un llamado al Gobierno que cese la represión en todo el territorio nacional contra los campesinos, y los asesinatos selectivos», dijo Nuriz Sequeira, representante del movimiento, en un pronunciamiento enviado a Efe.
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, mejor conocido como Acuerdo de Escazú, establece, entre otras acciones, «la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible».
El Movimiento Campesino Anticanal, fundado en 2013, está integrado por habitantes del sur de Nicaragua que se oponen a la ley de construcción de un canal interoceánico en la zona, para el que, según sus denuncias, son confiscadas tierras en beneficio de la firma china HKND Group, que además de una vía acuática pretende establecer una zona industrial en sus flancos.
Según la agrupación campesina, los reclamos contra la construcción del canal, cuyas obras no han iniciado a pesar de que el Gobierno prometió que sería inaugurado en 2019, han dejado cientos de campesinos presos o muertos desde ese año.
La líder campesina Francisca Ramírez, exiliada en Costa Rica, quien llamó «dictadura» al Gobierno de Daniel Ortega, sostuvo que, a pesar de haber firmado el Acuerdo de Escazú, este «reprime, no respeta los derechos humanos».
DIFERENCIAS CON ORTEGA
«Exigimos al régimen de Daniel Ortega el cese de la represión contra los líderes del Movimiento Campesino Anticanal, y a los estudiantes que defienden sus derechos a la justicia, democracia y libertad», afirmó el líder campesino juvenil Nelson Zeas.
El movimiento también reclamó la libertad de 125 opositores que continúan encerrados en las cárceles de Nicaragua y que son calificados por organismos humanitarios como «presos políticos».
El 18 de abril de 2018 estalló una revuelta popular por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtió en una exigencia de renuncia del presidente Ortega.
Las protestas, calificadas por el Ejecutivo como «intento de golpe de Estado», dejaron al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200.
Durante esas manifestaciones, los campesinos bloquearon las carreteras para impedir el paso de caravanas de vehículos que transportaban a civiles armados, los cuales, según ONG como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), atacaban las ciudades para sofocar las protestas.
Líderes del Movimiento Anticanal, como el precandidato a la Presidencia Medardo Mairena, así como Pedro Mena, fueron arrestados y condenados a más de 200 años de prisión tras dirigir las manifestaciones, bajo acusaciones de terrorismo y otros delitos, aunque en 2019 salieron bajo una Ley de Amnistía.
Ramírez anunció que denunciará todas las acciones de Ortega que violen el Acuerdo de Escazú, que garantiza la protección de los defensores del medio ambiente y que, de no acatar el presidente, expondría a Nicaragua a sanciones internacionales.
