Por Miguel Díaz Román
Especial para EyBoricua.com
San Juan (20 de diciembre de 2020) – La solicitud de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para que se detenga el alza de 15% en las tarifas de transportación que decretó el Negociado de Transporte y otros Servicios Públicos (NTSP) “es una declaración de guerra contra los 40,000 camioneros y transportistas del país”, según sostuvo Víctor Rodríguez, presidente del Frente Amplio de Camioneros de Puerto Rico (FAC).
El líder sindical y ex legislador indicó que si el gobierno paraliza el incremento de tarifas, el FAC estaría aprobando una “asamblea permanente”, un término que equivale a detener la transportación de carga en el país.
Rodríguez dijo que en una “asamblea permanente” los camioneros se negarían a mover sus vehículos, lo que podría causar estragos en la endeble economía local, que ya ha sido lesionada seriamente por los cierres ordenados por el gobierno para lidiar con la pandemia.
Agregó que las tarifas de transporte no han sido revisadas por 15 años y el aumento de 15% decretado por el NSTP es “una medida de justicia para los altos costos que conlleva el mantenimiento de los camiones y el consumo de combustible”.
De esta manera reaccionó Rodríguez al pedido realizado por la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, quien le solicitó al gobierno que detenga el incremento de tarifas debido a que el NTSP no lo presentó para que el organismo federal lo aprobara antes de su promulgación.
“Esto es una declaración de guerra. Esta señora (Natalie Jaresko) y la JSF se creen dueños del país, y esa no fue la responsabilidad que se le asignó. Las tarifas de transporte es un asunto privado entre los camioneros y las empresas y la JSF no tiene jurisdicción en los asuntos privados. Los camioneros y los transportistas son concesionarios privados y no son empleados públicos y sus ingresos no salen del presupuesto del gobierno, que es por lo que debe velar la JSF”, dijo Rodríguez.
El aumento de tarifas fue decretado por el presidente del NTSP, Luis García Fraga, el pasado 23 de diciembre, en una carta circular que fue dirigida a “todo el pueblo de Puerto Rico y que pretende “la adopción de tarifas temporeras”.
Al día siguiente, el 24 de diciembre, Jaresko le envió una carta a Omar Marrero, director ejecutivo de la Agencia Fiscal y Autoridad de Asesoramiento Financiero, para que detenga las nuevas tarifas por el alegado efecto adverso que pueden causa en la economía y porque el funcionario rechazó “la autoridad y mandato” de la JSF para revisar las tarifas y un nuevo reglamento del NTSP.
De acuerdo con Jaresko, el nuevo reglamento de la NTSP impone nuevas categorías de multas administrativas y establece un salario mínimo para los operadores de vehículos de motor comerciales.
“Este será el primer gran problema que tendrá la administración de Pedro Pierluisi. El nuevo gobierno tiene que asumir una posición sobre este asunto y sin duda tiene que estar a favor de los camioneros y transportistas del país, que por 15 años las tarifas no han sido revisadas. En el 2005 los camioneros decretamos una asamblea permanente y el gobierno de Aníbal Acevedo Vilá fue obligado a revisar las tarifas. Desde entonces no se tocan las tarifas, a pesar de que el NSTP lo tiene que hacer cada 5 años”, dijo Rodríguez.
En la carta circular García Fraga indicó que “que las tarifas vigentes actualmente son irrazonables, ya que llevamos sobre 15 años sin revisar o ajustar las mismas, por lo que determinamos que las nuevas aprobadas de forma provisional, tras la celebración de múltiples vistas públicas sin oposición alguna, son justas y razonables mientras se adjudica finalmente el proceso reglamentario”.
“Si nos tocan la tarifas la JSF y el gobierno tendrán que vérselas con nosotros. Las tarifas no es un asunto de jurisdicción de la JSF. Los camioneros, los concesionarios, son empresas privadas y la jurisdicción de la JSF está exclusivamente en el presupuesto del gobierno. Los camioneros no son empleados del gobierno y sus ingresos no vienen del presupuesto del gobierno”, insistió Rodríguez.
En la carta a Marrero Jaresko sostiene que el nuevo reglamento y las nuevas tarifas “amenazan con perjudicar a las empresas y el crecimiento económico, al aumentar los costos de transporte de carga”. La funcionaria federal también sostuvo que el plan certificado del gobierno ordena eliminar fletes ineficientes en la isla y específicamente menciona eliminar el cargo que aplica a la transportación terrestre.
La nueva carta circular emitida por García Fraga establece tarifas según el número de millas que requiere el transporte de carga, y desglosa tarifas distintas para los camiones de gran tamaño y los vehículos de menor capacidad de carga, según el número de libras y toneladas que son capaces de transportar.
El alza comprende las tarifas por el acarreo de furgones, tanques, plataformas, combustibles, piedra y agregados, minerales, asfalto, carga general, carga especializada, agua y servicios de ambulancia y grúas. Además, permite cobrar un ajuste por el gasto de combustible, ya sea gasolina o diesel, que comienza en 1 centavo y alcanza hasta los 66 centavos, según el precio por galón.
Hasta ayer Marrero y la administración de Wanda Vázquez Garced no habían reaccionado a los pedidos de Jaresko, quien ha amenazado de tomar otras medidas contra el NSTP para detener las tarifas, según lo permite la ley federal Promesa.
