La organización reclama que el gobierno abandone el modelo privado y apueste por una corporación pública renovada enfocada en energía renovable distribuida
SAN JUAN, Puerto Rico – La organización sin fines de lucro CAMBIO reclamó que, de concretarse la cancelación del contrato de LUMA Energy mediante las demandas judiciales presentadas por el gobierno, la administración de la gobernadora Jenniffer González no debe insistir en la privatización del sistema eléctrico con otra empresa privada y, en su lugar, impulsar un modelo público renovado para la administración del servicio en Puerto Rico.
Según CAMBIO, la salida de LUMA responde a un reclamo amplio del país ante lo que describen como una experiencia negativa marcada por un servicio deficiente, apagones constantes y aumentos insostenibles en el costo de la electricidad. La presidenta y cofundadora de la organización, Ingrid Vila Biaggi, sostuvo que desde el anuncio del contrato en 2021 CAMBIO ha advertido que este es contrario al interés público y que su extensión en 2022 es nula.
“Sacar a LUMA es algo que todo el pueblo de Puerto Rico exige porque la experiencia ha sido nefasta en términos del servicio deficiente, los constantes apagones y las alzas insostenibles en el costo del servicio”, expresó Vila Biaggi. Añadió que el gobierno ahora intenta declarar nula la extensión del contrato, pero insistió en que no solo el acuerdo con LUMA es contrario al interés público, sino también el modelo de privatización del sistema eléctrico en su conjunto.
Vila Biaggi planteó que, si como parte de la transición propuesta en una de las demandas el control del sistema eléctrico regresa a la Autoridad de Energía Eléctrica, este debe ser el momento para mantenerlo en manos públicas bajo una estructura de gobernanza renovada. Según explicó, ese modelo debe estar liderado por profesionales con conocimiento del sistema eléctrico y enfocado en una transformación hacia una infraestructura basada en energía renovable distribuida, con sistemas solares en techos y almacenamiento.
“El próximo paso, luego de la cancelación de los contratos de LUMA y Genera, no puede ser traer a otro privatizador”, afirmó. Indicó que Puerto Rico cuenta con trabajadores y profesionales capacitados y comprometidos para establecer un sistema eléctrico público que responda a las necesidades del país y a los retos actuales. Recordó además que el país ya vivió una experiencia similar con el servicio de acueductos y alcantarillados, donde el gobierno retomó el control público tras dos procesos de privatización fallidos.
Desde hace años, CAMBIO y la coalición Queremos Sol han propuesto un modelo de gobernanza pública distinto al que existía en la pasada AEE, al que responsabilizan por la quiebra de la corporación debido a la intervención partidista. La propuesta incluye una junta de gobierno con mayoría de miembros seleccionados por diversos sectores, entre ellos clientes residenciales, comunidades impactadas por la infraestructura eléctrica, trabajadores y representantes del sector privado. El modelo también contempla mecanismos de consulta y participación ciudadana, espacios de co-diseño en la planificación y plataformas de acceso a datos e información pública. Asimismo, plantea una reforma al Negociado de Energía, entidad que, según CAMBIO, ha fallado como regulador del sistema.
Las organizaciones también han propuesto utilizar fondos federales disponibles para la instalación masiva de sistemas de energía solar en techos, con prioridad en comunidades vulnerables y de bajos ingresos. Un estudio de modelaje presentado por CAMBIO en 2021 estimó que Puerto Rico puede descentralizar su sistema eléctrico mediante sistemas solares y baterías en techos, lo que permitiría alcanzar un 75 por ciento de energía renovable para 2035 y una tarifa estable de 15 centavos por kilovatio-hora.
“Es un asunto de decisión del gobierno. Si hay voluntad se pueden lograr esas metas para beneficio del pueblo de Puerto Rico. Con LUMA, Genera o cualquier otro privado continuaremos en retroceso”, sostuvo Vila Biaggi.
CAMBIO es una organización sin fines de lucro comprometida con promover acciones sustentables y responsables en Puerto Rico y el Caribe. Desde 2015 ha trabajado, entre otros temas, en favor de una transformación del sistema energético del país basada en energía renovable limpia y distribuida.
