La Cámara inició la evaluación del Proyecto 1079 y recibió posturas opuestas sobre la autoridad del DRNA y los usos del terreno
SAN JUAN, Puerto Rico
La Cámara comenzó el jueves las vistas sobre el Proyecto 1079, que propone cambios a la ley de protección de la zona cársica de Puerto Rico. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y la Junta de Planificación respaldaron la medida con argumentos distintos, mientras organizaciones ambientales advirtieron que podría reducir la protección efectiva del Carso.
El proyecto, presentado por el presidente cameral Carlos “Johnny” Méndez Núñez, busca redefinir las facultades de las agencias y considerar los usos de la propiedad privada en la región cársica. La Comisión de Recursos Naturales, presidida por Elinette González Aguayo, examinó las disposiciones durante una audiencia pública.
El secretario del DRNA, Waldemar Quiles Pérez, apoyó la propuesta en un memorial, pero recomendó preservar la jurisdicción y la discreción técnica de su agencia cuando se requieran evaluaciones científicas sobre recursos naturales. Por su parte, el presidente de la Junta de Planificación, Héctor Morales Martínez, defendió que la política de uso de suelos recaiga en esa junta.
El Departamento de Justicia recomendó aclarar cómo se distribuirán las competencias entre Planificación, la Oficina de Gerencia de Permisos y el DRNA, en particular sobre el agua, las cuevas y los sumideros. También pidió precisar qué recursos incluye el concepto de “materia prima” en el proyecto.
“La alteración conjunta de la política pública, la definición territorial, las competencias institucionales y las reglas aplicables a los permisos reducen la protección efectiva”
Vale Nieves y otros representantes de organizaciones ambientales rechazaron la medida. El abogado Pedro Saadé Lloréns advirtió sobre el desarrollo sin control y riesgos para la seguridad pública; Julio Rodríguez Planell, de la Sociedad Espeleológica de Puerto Rico, recordó la función del drenaje subterráneo en el sistema cársico. La Asociación de Industrias Productoras de Agregados apoyó la revisión legislativa.
El debate llega después de que más de 8,700 personas solicitaran vistas públicas sobre los cambios propuestos. La comisión no anunció una votación ni una determinación final sobre el proyecto.
