San Juan, EFE – La Cámara de Representantes aprobó investigar la posible comisión de delitos y violaciones éticas relacionadas a conductas de amenaza, discrimen y persecución política ante las acusaciones de la comisionada residente en Washington, Jenniffer González.
Según se informó este miércoles en un comunicado, la Cámara aprobó anoche la resolución del representante por el Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer Santiago, que ordena a la Comisión Anticorrupción e Integridad Pública realizar dicha investigación.
González se reafirmó el lunes en un acto público en sus denuncias de que presidentes de comités municipales del Partido Nuevo Progresista (PNP) fueron amenazados de perder sus empleos en el Gobierno si asistían a una actividad que ella había convocado.
El gobernador, Pedro Pierluisi, que estaba junto a la comisionada en el evento, rechazó estas acusaciones y consideró que no existe base para investigar.
La resolución de la Cámara 917 para investigar si estos supuestos pueden constituir delitos obtuvo 26 votos a favor y 11 en contra.
«Habiendo sido aprobada esta resolución, se procederá a citar a la comisionada residente, Jenniffer González, para que conteste, bajo juramento, todas las preguntas que arrojen luz sobre lo que parece ser un patrón de persecución política», explicó Ferrer Santiago.
El representante señaló que, de igual forma, podrían recibir «a cualquier otro funcionario y/o empleado público que haya sido víctima de esta conducta».
«Me reiteró en que las expresiones de la comisionada ponen en evidencia un posible esquema de persecución política y el uso de recursos públicos para adelantar causas político partidistas por parte del Gobierno. Este es un asunto serio, no puede ser minimizado y mucho menos normalizado», denunció el representante.
El también presidente de la Comisión de Anticorrupción e Integridad Pública indicó que «ya que la comisionada no ha tenido la valentía y no ha cumplido con su deber como funcionaria pública de denunciarlo ante las entidades correspondientes, la Cámara de Representantes tiene el deber de investigar».
«Del mismo modo, el Gobernador también tiene que dar explicaciones sobre esta acusación que hace la propia comisionada y de lo que también parece ser un señalamiento de los presidentes municipales del PNP», agregó.
