Cámara evalúa proyecto para reglamentar uso de terrenos públicos en La Parguera DRNA respalda medida que impone cánones y frena expansión de casetas en zona marítimo-terrestre
SAN JUAN, Puerto Rico – La Cámara de Representantes inició este jueves el análisis del Proyecto de la Cámara 269, una medida de administración que busca establecer un régimen de concesión mediante el cobro de cánones por el uso de terrenos y aguas de dominio público ocupados por estructuras residenciales en la zona costera de La Parguera, en el municipio de Lajas. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) endosó la propuesta durante una vista pública celebrada por la Comisión de Recursos Naturales del cuerpo legislativo.
La directora de la Oficina de Asuntos Legales del DRNA, Brendaliz González Méndez, acudió en representación del secretario Waldemar Quiles Pérez y defendió la medida como una herramienta legal “necesaria, responsable y equilibrada” para atender una problemática jurídica y ambiental que, según la funcionaria, lleva décadas sin regularse adecuadamente.
González Méndez explicó que el proyecto impone un pago de gravámenes anuales que podrían fluctuar entre un 5% a 10% más que los que actualmente pagan las marinas y muelles privados por el mismo tipo de uso. Sin embargo, enfatizó que la medida va más allá del cobro por ocupación, ya que establece criterios ambientales y estructurales obligatorios.
“Esta legislación no se limita únicamente a permitir la ocupación de terrenos públicos a cambio de una compensación económica, lo que sería una medida incompleta e insuficiente, sino que también impone obligaciones ambientales y estructurales claras que aseguran que las actividades humanas en La Parguera se realicen de manera sostenible y en armonía con el ecosistema costero que define la región”, expresó González Méndez ante la comisión presidida por la representante Elinette González Aguayo.
Prohibida la expansión de estructuras existentes
La pieza legislativa propone, además, prohibir la construcción de nuevas casetas o la ampliación de las 147 ya existentes, de acuerdo con el inventario más reciente del DRNA realizado en 2013. Esta prohibición aplicaría inclusive si las estructuras resultan total o parcialmente destruidas por fenómenos naturales o por deterioro. En esos casos, no podrán ser reconstruidas.
El proyecto también dispone que el Estado mantendrá “autoridad absoluta” sobre los terrenos en la zona marítimo-terrestre, impidiendo así la posibilidad de reclamaciones de titularidad privada o el uso de la figura de la usucapión, según se expone en el texto de la medida.
Proyecto sustituiría normativa actual
La representante González Aguayo señaló que la legislación integra elementos de la Orden Administrativa 2025-01, firmada en enero pasado por el secretario del DRNA, así como disposiciones del Reglamento 4860, que ha regido desde 1992 las concesiones sobre el uso de la zona marítimo-terrestre, aguas estatales y terrenos sumergidos. No obstante, explicó que el proyecto legislativo propone una concesión de hasta 40 años, en contraste con los cinco años renovables que permite actualmente la orden administrativa.
“Este proyecto, de aprobarse, iría por encima de la orden y cualquier reglamento existente. El Reglamento 4860 habría que disponer de él o eliminarlo o atemperarlo a la ley”, sostuvo la legisladora. “Nosotros lo que queremos es poner las cosas en orden y por eso es que se trae este proyecto”.
Discusión sobre el sistema sanitario
Durante su participación, la representante Adriana Gutiérrez Colón cuestionó la confiabilidad del sistema de alcantarillado sanitario de las casetas, señalando que muchos propietarios costeaban desde hace décadas su conexión al sistema de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) tras los problemas de contaminación por descargas de aguas residuales.
El DRNA respondió que el proyecto establece mecanismos para exigir certificaciones emitidas por plomeros licenciados sobre la integridad de esos sistemas, y sostuvo que la problemática de contaminación ha sido atendida. No obstante, Gutiérrez Colón criticó que la medida no incluye sanciones específicas para propietarios cuyos sistemas resulten inadecuados.
Junta de Planificación solicita ajustes
El presidente de la Junta de Planificación, Héctor Morales Martínez, expresó en un memorial explicativo que el proyecto requiere una delimitación más precisa de la zona costera a la que se aplicarán sus disposiciones. Señaló que el área objeto de la medida coincide con otras designaciones existentes, como reservas naturales, bosques estatales y planes de manejo ambiental.
“Para la Zona Especial de Planificación, la Junta de Planificación elaborará guías, reglamentos y cualquier otro documento que se dirija a establecer las condiciones necesarias para propiciar la rehabilitación y el desarrollo integrado de esta”, indicó Morales Martínez. Añadió que, dentro de esos límites, podrían establecerse áreas de prioridad y delimitaciones más precisas.
El planificador recomendó, además, que los municipios de Cabo Rojo y Guánica revisen y enmienden sus Planes de Ordenamiento Territorial en coordinación con la Junta, para que estén alineados con la nueva política pública. También sugirió que el DRNA revise el Plan de Manejo aprobado en 1995 para el Área de Planificación Especial del Suroeste – Sector La Parguera, debido a su superposición con reservas naturales.
Pendientes nuevas vistas públicas
Tanto la Junta de Planificación como el Departamento de Justicia indicaron no tener objeción a la aprobación del proyecto, siempre y cuando se acojan las enmiendas técnicas sugeridas.
La presidenta de la Comisión de Recursos Naturales anunció que en la próxima vista pública comparecerán representantes del Municipio de Lajas, la Compañía de Turismo y el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM). La comisión también aceptó la petición de varios legisladores de convocar a grupos ambientales y residentes de comunidades cercanas a la costa.
“El proyecto, como está presentado, es para reglamentar, regular y permitir un desarrollo sustentable que no afecte nuestro ecosistema. El fin principal es poner el orden, poner las cosas en ley”, puntualizó González Aguayo.
