La legislación busca establecer políticas públicas que promuevan la equidad y justicia racial en Puerto Rico
SAN JUAN, Puerto Rico – Con la aprobación del Proyecto 1282 en la Cámara de Representantes, activistas antirracistas y representantes de comunidades negras y afrodescendientes celebran un paso significativo hacia la equidad y justicia racial en Puerto Rico.
Este proyecto legislativo, junto con la Campaña Mi Cabello es Mi Corona, busca la creación de la Ley Contra el Discrimen por Razón de Estilos de Cabello y establece políticas públicas específicas que prohíban el discrimen racial en espacios públicos y privados contra peinados y texturas de cabello comúnmente asociados con identidades de raza.
Alanis Ruiz Guevara, del Colectivo Resistencia Cimarrona y proponente del proyecto en su versión original, subrayó: “El proyecto amplía las protecciones contra el discrimen, ya que la legislación vigente solo cubre procesos como la contratación y el reclutamiento, sin incluir reglamentos de recursos humanos, códigos escolares de vestimenta y otros mecanismos que se imponen discriminatoriamente y que afectan directamente a quienes desean llevar su cabello natural o con peinados de texturas rizadas”.
El informe positivo de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes reconoce que “a pesar de los intentos por parte de gobiernos y Estados en el mundo de erradicar estos tipos de discrimen, el racismo, al ser un sistema de opresión adherido a las fibras más profundas culturales de la sociedad occidental, continúa siendo replicado por parte de las instituciones y las personas que las componen. Apunta a la desigualdad en el acceso a la salud, educación, vivienda, empleo, movilidad económica y posiciones de liderazgo, que son algunas de sus manifestaciones más visibles”.
Decenas de activistas, con más de 500 firmas en apoyo y más de 30 organizaciones que integraron la Campaña Mi Cabello es Mi Corona, se han pronunciado sobre el impacto del discrimen racial contra personas afrodescendientes, incluyendo la necesidad real o percibida de alterar su identidad o su físico para ocupar distintos espacios en el sistema educativo, áreas laborales o incluso, para ser considerados en solicitudes de vivienda.
La aprobación del proyecto contó con el respaldo de diversas organizaciones, entre ellas Movimiento Anansé, Revista Étnica, Ciencia para Todes, Colectivo Ilé y la Unión Negra Antirracista de la UPRRP (UNA). Asimismo, recibió el aval de la Comisión de Derechos Civiles y el Departamento de Justicia de Puerto Rico.
“Esperamos la firma del Gobernador para que esta nueva ley entre en vigor y se inicien los procesos de revisión de reglamentos y protocolos que sostienen la desigualdad en centros laborales, centros educativos y otros espacios públicos”, expresó Ruiz Guevara.
