La medida busca modernizar el sistema de salud mental de Puerto Rico con énfasis en la prevención, el acceso a servicios y la protección de los derechos de los pacientes
La Cámara de Representantes aprobó este jueves el Proyecto de la Cámara 1007, una medida que actualiza la Ley 408-2000 de Salud Mental tras 26 años sin una revisión integral del estatuto.
La propuesta legislativa recibió un informe positivo de la Comisión de Salud y obtuvo 33 votos a favor. Entre sus principales cambios figura la designación del Departamento de Salud como agencia rectora del sistema de salud mental en Puerto Rico, así como nuevas disposiciones dirigidas a fortalecer la prevención, la identificación temprana de síntomas y el acceso oportuno a servicios.
El presidente de la Comisión de Salud y autor de la medida, Gabriel Rodríguez Aguiló, sostuvo que la legislación responde a la necesidad de adaptar el sistema de salud mental a los cambios sociales, epidemiológicos y clínicos ocurridos durante las últimas décadas.
Según explicó el legislador, el proyecto promueve tratamientos en entornos menos restrictivos, limita el uso de hospitalizaciones a circunstancias clínicamente justificadas e incorpora herramientas para atender a personas con diversidad funcional auditiva. Además, reconoce la salud mental perinatal como una prioridad de política pública y elimina lenguaje que podría contribuir a la estigmatización de los pacientes.
La medida fue rechazada por las delegaciones del Partido Independentista Puertorriqueño y del Partido Popular Democrático, así como por la portavoz de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz. Los sectores opositores expresaron preocupación por el papel que podrían desempeñar las aseguradoras en las determinaciones sobre los tratamientos y niveles de cuidado.
Rodríguez Aguiló respondió que el proyecto incluye mecanismos de apelación para los pacientes y establece que las determinaciones deben fundamentarse en criterios clínicos y no económicos.
En cuanto a la terapia electroconvulsiva, la legislación prohíbe su uso en menores de 18 años, salvo en circunstancias excepcionales y como último recurso terapéutico. En esos casos, será necesaria la evaluación de un segundo psiquiatra independiente y la autorización de un tribunal.
El legislador indicó además que la Comisión de Salud realizó ajustes al proyecto para evitar impactos fiscales, luego de que la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción advirtiera sobre un posible costo de $10 millones.
