La medida establece concesiones por 40 años para estructuras sobre terrenos públicos en la reserva natural, en medio de controversias por construcciones ilegales
SAN JUAN, Puerto Rico – La Cámara de Representantes aprobó este lunes con 36 votos a favor el Proyecto de la Cámara 269, una medida que establece la “Zona de Planificación Especial Turística de las Casetas y Muelles” en La Parguera, Lajas, y regula mediante concesiones el uso de estructuras construidas en terrenos y aguas de dominio público.
El objetivo principal, según sus proponentes, es resolver la incertidumbre jurídica que por décadas ha rodeado estas edificaciones enclavadas en la zona marítimo-terrestre.
La legislación —presentada por petición de La Fortaleza y respaldada por una treintena de legisladores— enmienda la Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para autorizar al Secretario del DRNA a emitir licencias de uso por un período de 40 años, con posibilidad de renovación. Estas concesiones permitirán cobrar cánones entre un 5% y un 10% mayores a los que actualmente se aplican a marinas y muelles en la isla.
“Uno de los aspectos más importantes de esta medida es que se deja meridianamente claro que bajo ninguna circunstancia puede interpretarse en el sentido de que el gobierno de Puerto Rico está cediendo sus derechos sobre terrenos de dominio público y las aguas del litoral costero”, expresó la presidenta de la Comisión de Recursos Naturales, Elienette González Aguayo, durante la presentación del informe legislativo.
La representante subrayó que al menos el 50% de los fondos recaudados por concepto de cánones deberán destinarse al mantenimiento y desarrollo de la Reserva Natural y la comunidad costera del suroeste de Puerto Rico. También se ordena la preparación y ejecución de un plan coordinado de mejoras para la zona, con la participación del DRNA, la Compañía de Turismo de Puerto Rico, la Junta de Planificación y el Municipio de Lajas.
Nuevas obligaciones y restricciones para los dueños
La ley impone obligaciones puntuales a los dueños de casetas y estructuras. Dentro de los 60 días de su aprobación, deberán presentar certificaciones juradas por un ingeniero o agrimensor licenciado sobre la huella existente de las edificaciones y un diagrama actualizado de la superficie ocupada. Estas certificaciones serán utilizadas para establecer los cánones aplicables.
La normativa prohíbe expresamente cualquier nueva construcción, ampliación o reconstrucción de estructuras cuya pérdida exceda el 50% de su totalidad. También se impide cualquier incremento en la huella ocupada; de ocurrir, el DRNA podrá revocar la licencia y ordenar la remoción de la estructura, imponiendo sanciones de hasta $500.
La ley incluye disposiciones para regular el mantenimiento y reparación de estas estructuras, siempre que se conserven su arquitectura pintoresca y colorido característico, elementos que han convertido a La Parguera en un atractivo turístico.
Controversias vigentes
La medida fue rechazada por legisladores de minoría, quienes alegan que con ella se pretende legalizar estructuras ilegales y se compromete la integridad ambiental de la reserva. La representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Adriana Gutiérrez Colón, sostuvo que el desarrollo económico debe ser sostenible y criticó que se otorguen concesiones por dos décadas renovables sin un análisis riguroso del impacto ambiental.
El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer Santiago, cuestionó la falta de participación del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos y otras agencias federales con jurisdicción en la zona. La representante de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz, también votó en contra.
La discusión ocurre en un contexto de creciente controversia pública: el DRNA certificó que una estructura en La Parguera, perteneciente a los suegros de la gobernadora Jenniffer González Colón, no cuenta con concesión legal y que su remodelación causó daños a manglares protegidos. Aunque la gobernadora ha negado vínculos con una investigación actualmente archivada por el DRNA, la situación ha sido denunciada ante las autoridades federales por el senador Eliezer Molina.
Próximos pasos
El DRNA deberá implementar la reglamentación correspondiente en un plazo de seis meses, incluyendo medidas para verificar sistemas sanitarios y establecer criterios de otorgamiento para solicitudes de reparación. También deberá rendir un informe a la Asamblea Legislativa y a la Gobernadora dentro de 180 días con el plan de mejoras para la Reserva Natural.
El proyecto pasa ahora al Senado para evaluación. De ser aprobado, marcará un punto de inflexión en la relación entre desarrollo turístico y conservación ambiental en una de las zonas ecológicas más emblemáticas de Puerto Rico.
