San Juan, 28 abr (EFE News) – El representante Edgardo Feliciano Sánchez realizó la primera vista pública este miércoles sobre la Resolución de la Cámara 213 que investiga la tala de árboles, comercial y no-comercial en Puerto Rico.
La medida busca, «determinar la reglamentación que aplica a esta práctica, las recomendaciones, administración de este recurso y el impacto ambiental, comunitario y a la salud que tiene la deforestación, de forma tal que pueda adoptarse una política pública y legislación que atienda adecuadamente las necesidades y los retos que enfrenta el país en cuanto al cambio climático y la conservación de los recursos naturales».
«Al realizar lo propuesto, esta Cámara de Representantes cumplirá de manera óptima, su responsabilidad legislativa de investigar y legislar sobre todo aquello que propenda al bienestar general de la población. Como ya mencionamos, la salud ambiental es un imperativo moral y social», expresó la representante y autora de la medida Mariana Nogales.
Según dispone el proyecto, el control sobre áreas forestales está mayormente en manos privadas donde poseen el 85%, mientras que el resto pertenece al Gobierno de Puerto Rico con un 11% y al Gobierno Federal, «por lo que la reglamentación clara y los esfuerzos de educación son indispensables para lograr una administración efectiva del recurso de la forestación».
De acuerdo con conservacionistas, arbolistas y personas interesadas en la protección de los recursos naturales hay un aumento «preocupante en prácticas comerciales y no comerciales que resultan en la tala injustificada de árboles en Puerto Rico».
«El gobierno, en particular, ha incurrido en esta práctica luego de los huracanes Irma y María, y tras la asignación de más de 100 millones de dólares en fondos federales para el manejo de vegetación y disminución de riesgos de árboles peligrosos en lugares públicos. Organizaciones como Ciudadanos del Karso y para la Naturaleza han denunciado, específicamente, la tala en instalaciones administradas por el Programa de Parques Nacionales, adscrito al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), y han cuestionado las determinaciones y las cualificaciones de las empresas privadas contratadas para realizar los trabajos», agregó Nogales.
Entre las áreas afectadas figuran el Zoológico de Puerto Rico, Dr. Juan A. Rivero en Mayagüez, el Balneario Cerro Gordo en Vega Alta, el Parque de la Cavernas del Río Camuy, el Parque Urbano Julio Monagas en Bayamón y el Centro Vacacional Monte del Estado en Maricao.
A la vista asistieron el arbolista, William González, el ecólogo y científico del gobierno federal, Airel Lugo y la presidenta de Amigxs del M.A.R., Elga Vanessa Uriarte.
Por su parte, Vanessa Uriarte indicó que es «preocupante cómo el gobierno y las agencias llamadas a velar por el bienestar del país ignoran la situación, y en muchas ocasiones son los autores intelectuales de las masacres ecológicas que cada día son más frecuentes».
Además, añadió que Puerto Rico ha sido catalogado como el país número uno en el Índice de Riesgo Climático de Germanwatch, tras recibir los impactos de los huracanes Irma y María en 2017.
Igualmente, la presidenta de Amigxs del M.A.R., dijo que en las últimas semanas se han suscitado actividades ilegales de tala de árboles en Dorado y Piñones ejecutadas por ‘personas privadas y municipios’ que no han pasado por reglamentación, y que actualmente se encuentran bajo investigación, pero no atendidas por el DRNA».
«Esto debería clasificarse como terrorismo ambiental porque realmente está siendo una práctica demasiado abierta», recalcó Vanessa Uriarte.
La presidenta de la organización, de igual manera, se unió al pedido de renuncia de Rafael Machargo, secretario del DRNA.
Por otro lado, González, expuso que el Departamento de Recreación y Deportes (DRD) llegó a un acuerdo con el DRNA para realizar unos trabajos de remoción de escombros causados por los huracanes Irma y María.
En el Parque Julio Enrique Monagas, a pesar de haber recibido una actividad de mínimo impacto, el arbolista informó que estaban «dispuestos a cortar 8,000 árboles y podar ramas peligrosas de otros 4,000, estimando aproximadamente 100,000 yardas cúbicas de escombro vegetal en un área cubierta de especies en peligro de extinción como la boa puertorriqueña y el palo de rosa».
«Ahora puede ser el pie de inicio para detener la práctica indiscriminada de tala de árboles y crear los espacios urgentes y necesarios para el debate y la creación de reglamentos que administren de manera eficiente, y poco burocrática los arbóreos de Puerto Rico», concluyó.
