Bruselas (EFE) – El comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, calificó de «crisis» la situación actual del agua en Europa, según dijo este miércoles en un pleno del Comité Europeo de las Regiones (CdR).
«Digo crisis porque es la palabra correcta. Ahora mismo estamos lidiando con sequías, inundaciones y contaminación del agua todo a la vez, y podemos resolver todos estos problemas con la nueva directiva», recalcó Sinkevicius en un debate que abordaba la revisión de la legislación europea sobre tratamiento de aguas residuales urbanas.
La propuesta de revisión de esta directiva tiene por objetivo proteger mejor la salud de los europeos y el medio ambiente.
En la revisión, el CdR pide introducir el principio de «quien contamina paga», con lo que se responsabilizaría a la industria del tratamiento de los microcontaminantes tóxicos liberados en el medio ambiente por el uso de sus productos, especialmente los residuos nocivos del sector farmacéutico y cosmético.
«Poner un precio a la contaminación ofrece a la industria un fuerte incentivo para desarrollar más productos ecológicos, por lo que será vital mantener este enfoque en la nueva directiva», dijo el comisario durante su intervención en el pleno, a lo que añadió que cree «firmemente» que no se debe retrasar la aplicación de los cambios.
Uno de los puntos discordantes al mensaje del comisario llegó por parte de la delegación española en el CdR: el representante de la Región de Murcia calificó los objetivos como «muy ambiciosos».
«No debemos olvidar nunca que las diferencias contextuales entre los diferentes países de la Unión Europea hacen que lo que es adecuado para unos no sea tanto para otros», apuntó el director general de Asuntos de la Unión Europea de la Región de Murcia, Adrián Zittelli Ferrari.
Otro de los objetivos que busca la revisión de la directiva es conseguir la neutralidad energética y climática en el sector de las aguas residuales, y mientras que Sinkevicius aboga por un planteamiento «ambicioso», Zittelli asegura que la revisión propone una manera «muy forzada» de perseguir la neutralidad energética en las plantas de tratamiento.
La directiva propone la neutralidad mediante la reducción del uso de energía, la utilización de superficies más amplias de algunas plantas de tratamiento para producir energía solar o eólica, el fomento de la reutilización del agua y el uso de lodos para producir biogás, un combustible que puede sustituir al gas natural.
Además, la nueva directiva también exige el seguimiento de los parámetros sanitarios utilizados para evaluar la calidad de las aguas residuales con el fin de mejorar la preparación de la UE frente a pandemias u otras amenazas graves para la salud pública.
