La Paz, 13 mar (EFE) – La detención de la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez durante la madrugada del sábado tiene dividido al país entre los que ven esta situación como una persecución política y los oficialistas, del lado de las víctimas de la crisis de 2019 que forzó la renuncia de Evo Morales a la presidencia, que consideran que se está haciendo justicia.
Las autoridades bolivianas desplegaron un fuerte operativo, encabezado por el comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera, y el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo Del Carpio, que dio con la captura de Áñez en Trinidad, ciudad del departamento del Beni, y de inmediato fue trasladada a La Paz, a unos 500 kilómetros, en un avión de la Fuerza Aérea.
En horas de la mañana fue llevada a la Fiscalía para la declaración informativa en la que se acogió a su derecho al silencio al no ser tratada como expresidenta del país y por ende ser sometida a un juicio de responsabilidades.
Áñez (2019-2020) consideró hoy que su detención obedece a un «amedrentamiento político» y que detrás de todo este proceso está el partido oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) del presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales (2006-2019).
Sobre este asunto, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, afirmó que se está «ante un juicio a una exsenadora, por lo tanto no corresponde ningún juicio de privilegio constitucional».
Áñez y los exministros interinos Rodrigo Guzmán, de Energía, y Álvaro Coímbra, de Justicia, fueron detenidos en el marco del caso llamado «golpe de Estado» y se les acusa de «sedición y terrorismo» durante la crisis de 2019 tras las fallidas elecciones que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia de Bolivia.
Fuentes cercanas al operativo dijeron que a la exmandataria interina se la halló en su casa escondida en una baulera (cuarto trastero).
En las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) permanecen detenidos Áñez y sus exministros, donde algunos familiares y sus abogados esperan la notificación para la audiencia de medidas cautelares.
FAMILIARES DENUNCIAN ABUSO
Carolina Rivera, hija de la expresidenta, dijo a Efe que lo que se ha hecho con su madre «es un abuso, una injusticia lo que hace el Gobierno del MAS, que es tan autoritario».
Rivera confirmó que Áñez se acogió al derecho al silencio en su declaración informativa y que se le está negando su derecho a ser tratada como exjefa del Estado.
Sobre la ausencia de varios líderes políticos y cívicos que acompañaron a Áñez cuando asumió la Presidencia transitoria, y que hoy no han hecho acto de presencia, se limitó a decir «que cuando las cosas se ponen difíciles las personas se alejan, pero ella va a salir adelante».
Carolina Rivera denunció que a ella también la detuvieron y luego la dejaron libre, pero varios de sus primos continúan arrestados sin que aún les hayan dado una explicación.
Por su parte, Dalia Lima, esposa del exministro Rodrigo Guzmán, dijo a Efe que «todo fue ilegal» porque cuando se produjo la detención él «no había sido notificado» y señaló que la defensa de los políticos detenidos se está documentando para «desvirtuar» los delitos de los que se les acusa.
VÍCTIMAS PIDEN JUSTICA
En sentido contrario, la presidenta de la Asociación de Víctimas de la Zona Sur, Frida Conde, señaló a Efe que espera que Áñez «pague por todo lo que ha hecho y ahora le espera un proceso largo».
Conde confirmó que ese colectivo, integrado más o menos por unas 60 personas, hará en estos días varias actividades y vigilias en las sedes policiales y en la Fiscalía «para pedir justicia».
Los «autoconvocados» exigen justicia para los hechos registrados cinco días después de la renuncia de Morales a la Presidencia, cuando en la ciudad de Sacaba, del departamento de Cochabamaba, hubo 10 muertos y varios heridos; mientras que en la zona de Senkata de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, resultaron muertas otras 10 personas en los enfrentamientos con el Ejército y la Policía.
Conde y otros familiares de las víctimas realizaron una vigilia en el exterior de la Felcc con carteles exigiendo cárcel para Áñez y que así se haga justicia.
DEFENSA A LA DEMOCRACIA
El expresidente boliviano Carlos Mesa (2003-2005) y líder del mayor partido opositor de su país, Comunidad Ciudadana (CC), dijo que con las detenciones lo que se está buscando es «legitimar el fraude» en las elecciones subnacionales (regionales y municipales) del pasado 7 de marzo.
Mesa apeló «al espíritu del 21 de febrero (día del referendo en el que el NO a la reelección de Evo Morales ganó) que hizo que la sociedad boliviana democrática se fuera organizando progresivamente para decirle al poder autocrático que no estaba dispuesta a aceptar el fin de sus derechos».
El también expresidente boliviano Jorge Quiroga (2001-2002), del partido derechista Acción Democrática Nacionalista (ADN), advirtió de que «se ha querido criminalizar una sucesión constitucional» y pidió que se convoque una reunión de todos los sectores para defender la democracia.
Por su parte, el Comité Cívico pro Santa Cruz rechazó las detenciones de Áñez y sus exministros y convocó a la ciudadanía a una resistencia civil, mientras otras agrupaciones ciudadanas se declararon en emergencia.
