Los donativos favorecieron a tres de los principales candidatos de las elecciones generales del 5 de noviembre: Jenniffer González Colón, Miguel Romero y Carlos López Rivera
SAN JUAN, Puerto Rico – Un análisis de las contribuciones políticas durante los primeros siete meses de 2024, realizado por organizaciones comunitarias como Puerto Rico No Se Vende y Democracia Popular, mostró que los candidatos en posiciones clave recibieron aportaciones significativas de beneficiarios de esta ley.
Jenniffer González, quien aspira a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), recibió $33,900; el alcalde de San Juan, Miguel Romero, obtuvo $10,400; y el alcalde de Dorado, Carlos López Rivera, sumó $18,100 en donativos durante ese periodo.
Desde su creación en 2012, la Ley 22 otorga exenciones fiscales a inversionistas extranjeros que se mudan a la isla, lo que ha suscitado críticas por el impacto negativo que genera en la economía local y el mercado inmobiliario. Estas aportaciones en 2024 forman parte de un patrón más amplio: entre 2013 y 2023, los beneficiarios de la ley donaron más de $1.2 millones a campañas políticas en Puerto Rico.
Julio López Varona, director de campañas en Democracia Popular, advirtió que las cifras presentadas son conservadoras, ya que no todos los datos se encuentran disponibles en la base de la Oficina del Contralor Electoral.
“Es muy probable que las cifras reales sean más altas ya que algunos donativos aún no están disponibles en la base de datos. Lo verdaderamente alarmante es que en nuestro primer informe incluimos 20 candidatos, con un total de $900,000 en 10 años, pero este segundo informe contempla menos candidatos y ya totaliza sobre $200,000 en solo siete meses”, explicó López Varona.
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Donaciones y vínculos
Jenniffer González Colón, quien lidera la carrera para la gobernación, ha mantenido una postura ambigua respecto a la Ley 22. Aunque en 2023 declaró que era necesario reformar o derogar la legislación, su campaña ha seguido recibiendo aportes de beneficiarios de la ley.
Entre sus donantes más destacados figuran Charles y Kathleen Hamilton, inversionistas que obtuvieron exenciones en 2014 y participaron en el arrendamiento a largo plazo de los muelles de Bahía Urbana en San Juan, un proyecto criticado por su impacto ambiental y su potencial para acelerar la gentrificación en el área.
El alcalde de San Juan, Miguel Romero, también recibió donaciones relevantes. Su administración ha sido criticada por la falta de acción ante el desplazamiento de comunidades en zonas como Puerta de Tierra, producto de inversiones ligadas a la Ley 22. Entre los aportantes a su campaña se encuentra Brock Pierce, multimillonario de criptomonedas que ha sido señalado por promover la gentrificación en la isla tras adquirir propiedades en Vieques y el Viejo San Juan.
Carlos López Rivera, alcalde de Dorado, es otro beneficiario importante de las donaciones de la Ley 22. López Rivera ha buscado activamente atraer inversionistas a su municipio, que ahora es hogar de uno de cada 10 beneficiarios de la ley. En abril de 2024, cinco miembros de la familia McCloskey, conocidos por su historial de inversiones y por recibir exenciones bajo la ley, donaron $15,000 en conjunto a su campaña.
Impacto social y económico
Las organizaciones comunitarias han expresado su preocupación sobre el rol de la Ley 22 en la crisis de vivienda y el acceso desigual a oportunidades económicas. Se estima que entre 2017 y 2023, el gobierno dejó de recaudar $2,220 millones debido a las exenciones fiscales otorgadas a los beneficiarios de la ley. Además, se proyecta que para 2026 las pérdidas fiscales podrían alcanzar los $4,400 millones.
El alza en los precios de la vivienda es otro de los efectos más denunciados. En lugares como San Juan y Dorado, la especulación ha disparado los costos, desplazando a los residentes locales y favoreciendo alquileres de corto plazo para turistas. La situación también ha tenido consecuencias ambientales, como la deforestación de manglares y daños en zonas costeras en lugares como Aguadilla y Salinas.
Recomendaciones urgentes
Ante los hallazgos, la coalición de organizaciones propone medidas contundentes para frenar la influencia de la Ley 22 en la política y en la vida social de la isla. Entre las recomendaciones se destaca la abolición de la ley, una auditoría de los beneficiarios por parte del Departamento de Hacienda y un compromiso de los candidatos a rechazar futuras donaciones de estos inversionistas.
“El sistema electoral de Puerto Rico no puede seguir sujeto a la influencia de intereses privados que afectan negativamente a nuestras comunidades”, afirmó López Varona. También exhortó a los candidatos que hayan recibido fondos de beneficiarios de la Ley 22 a devolver esas aportaciones, como lo permite la legislación vigente.
La controversia sobre la Ley 22, a solo semanas de las elecciones generales, ha puesto en jaque la credibilidad de algunos de los principales aspirantes a cargos públicos. Las organizaciones comunitarias insisten en que solo una reforma profunda podrá garantizar un sistema más justo y equitativo para todos los puertorriqueños.
Metodología del estudio
- Los datos sobre el financiamiento de la campaña de 2024 que figuran en este informe se descargaron de la base de datos de donaciones de la Oficina del Contralor Electoral y se analizaron en septiembre de 2024. (https://serviciosenlinea.oce.pr.gov/PublishedDonor/Search) y de la base de datos de la Comisión de Elecciones Federales sobre los cargos federales, como el de la comisionada residente (https://www.fec.gov/data).
- Los datos de las personas beneficiarias de la Ley 22/60 se obtuvieron del sitio web del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico (https://www.desarrollo.pr.gov/acceso-informacion).
- Las declaraciones y los totales de la campaña de 2024 están disponibles en https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i31bF7IWoNQSkZdZCFIvleKxyGpHlOt4kpNQYOPf6-I/edit?gid=162645327#gid=162645327
- Para más información sobre los métodos del informe ver el detalle en https://www.populardemocracy.org/news/publications/dolor-y-lucro-la-influencia-de-las-donaciones-bajo-la-ley-22-en-las-elecciones
