El fallo a favor de John Barnes reaviva el debate sobre la seguridad del glifosato y profundiza los desafíos legales de Bayer en Estados Unidos
ATLANTA, Georgia (Servicios combinados) – En una de las decisiones judiciales más contundentes registradas en el estado de Georgia, un jurado ordenó a Monsanto —filial de la farmacéutica alemana Bayer— pagar $2,100 millones a John Barnes, un hombre que desarrolló linfoma no Hodgkin tras dos décadas de uso habitual del herbicida Roundup.
El veredicto, emitido el 21 de marzo de 2025, asignó $65 millones en daños compensatorios y $2,000 millones en daños punitivos, convirtiéndose en uno de los fallos por lesiones personales más altos para un solo demandante en la historia de Georgia.
Barnes presentó la demanda en 2021, alegando que el uso prolongado de Roundup entre 1999 y 2019, producto que adquiría con frecuencia en tiendas Home Depot de Georgia, fue la causa directa de su enfermedad. Este fallo representa una victoria significativa para los demandantes en los litigios relacionados con el glifosato y podría marcar un precedente para futuras acciones similares.
Bayer, por su parte, ha anunciado que apelará la decisión. La empresa sostiene que el veredicto contradice la “abrumadora evidencia científica” que —según afirma— respalda la seguridad del producto. También confía en tener fundamentos legales sólidos para lograr una reducción o anulación de la indemnización.
Consecuencias financieras y percepción pública
El impacto fue inmediato en los mercados: las acciones de Bayer cayeron más del 6 % el lunes posterior al fallo, reflejo del nerviosismo de los inversionistas ante la prolongación de los litigios en Estados Unidos. Aunque la compañía resolvió una gran parte de las demandas con un acuerdo de $10,000 millones en 2020, aún enfrenta miles de casos pendientes en cortes estatales y federales.
Más allá del ámbito judicial, el caso de Barnes podría afectar la percepción pública sobre la seguridad de productos a base de glifosato. Mientras agencias como la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. han respaldado su uso, organismos internacionales como la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), dependiente de la OMS, han clasificado al glifosato como “probablemente cancerígeno”.
Impulsos legislativos y debate en torno a la ciencia
En respuesta a la ola de litigios, Bayer está promoviendo legislación en Georgia y otros estados que limitaría la responsabilidad de las empresas cuando los productos en cuestión han sido aprobados por agencias reguladoras. Esta iniciativa legislativa plantea interrogantes sobre la protección al consumidor y el alcance de la responsabilidad corporativa.
Mientras el debate científico sobre el glifosato continúa, el veredicto a favor de John Barnes no solo representa una victoria individual, sino que también sirve como recordatorio del impacto que los productos químicos pueden tener en la salud pública y de la necesidad de evaluar más estrictamente su seguridad.
