Por Sandra Rodríguez Cotto
En Blanco y Negro
La saga de los coacusados en el caso contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced continúa a nivel federal, esta vez en la corte de Carolina del Norte. Hasta allí fue Bancrédito Holding Corporation y el jueves radicó una “queja verificada” contra el síndico Driven Administration Services LLC, alegando que dañó su reputación y puso en riesgo al banco y a sus accionistas en las operaciones en Puerto Rico.
Este caso se relaciona directamente con la recusación que hizo el juez presidente del Tribunal Federal en Puerto Rico, Raúl Arias Marxuach, a finales de septiembre, cuando se retiró de dirigir el juicio por corrupción que se lleva a cabo aquí contra la exgobernadora Vázquez Garced, el banquero Julio Herrera Velutini y el asesor financiero y exagente federal, Mark Rossini.
El síndico en este caso es Ryan Marín. Queda por verse si su función es cumplir las órdenes de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) y la División de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro Federal (Financial Crimes Enforcement o FinCen, por sus siglas en inglés), o si en efecto, se mantiene neutral e independiente en su deber fiduciario. Marín fue quien aceleró la recusación del juez Arias Marxuach al revelar la implicación del bufete McConnell Valdés. Antes de ser juez, Arias Marxuach trabajó en ese bufete y por eso se inhibió del caso para no violar los cánones de ética judiciales.
Cabe recordar que un gran jurado federal emitió el 3 de agosto de 2022 un pliego acusatorio de siete cargos contra Vázquez Garced, Rossini y Herrera Velutini, por soborno relacionado con un programa federal, fraude electrónico y fraude de servicios honestos. Los tres acusados han alegado no culpabilidad y han solicitado la desestimación de los cargos, mientras que varias personas supuestamente implicadas en la alegada conspiración ya se han declarado culpables en acuerdos de cooperación con la Fiscalía federal.
La Fiscalía federal sostiene que Vázquez Garced removió a George Joyner como director de la OCIF a petición de Herrera Velutini para evitar una intervención en la entidad bancaria. A cambio, el banquero proveería ayuda financiera a la exgobernadora para su campaña primaria por el Partido Nuevo Progresista (PNP) en las elecciones de 2020.
Pero ahora Bancrédito, entidad que presidía Herrera Velutini, acudió ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el Distrito Este de Carolina del Norte para reclamar los conflictos que existen con el síndico, la firma Driven Administration Services LLC. En el documento no se explica por qué se radicó en Carolina del Norte en lugar del Distrito de Puerto Rico.
DEMANDA PRESENTADA
Bancredito Holding Corporation interpuso una acción «para proteger y preservar el valor y la reputación del banco, que ha sido significativamente dañado y puesto en peligro» debido a las faltas en los deberes fiduciarios de Driven hacia el banco y su único accionista, el demandante, Driven.
Alega que Driven asumió esa responsabilidad fiduciaria al aceptar su nombramiento para administrar el banco y su patrimonio, pero incumplió dichos deberes repetidamente, sobre todo a través de su decisión de firmar una orden de consentimiento público con FinCEN.
El banco afirma en el documento que ese acuerdo con FinCen contiene una serie de errores que han causado y continúan causando daño al banco porque Driven no ha hecho «ni la mínima gestión» para cumplir con su deber y que, bajo las circunstancias, evidencia «un grado de imprudencia tan extremo que solo puede considerarse intencional».
Bancrédito International Bank Trust Corp. fue designado síndico por el Comisionado de Instituciones Financieras en Puerto Rico y, como tal, ocupa una posición análoga a la de la dirección y el consejo de administración del banco.
Alega Bancrédito que Driven se negó a comunicarse, proporcionó información inexacta, se negó a dar acceso a información crítica sobre la situación financiera del banco, excluyó a los demandantes de sus negociaciones con FinCen e hizo admisiones que no solo son directamente adversas para el banco, sino que son incorrectas y no están respaldadas por la evidencia. Como consecuencia de la acción de Driven, alega Bancrédito que el banco enfrenta daños que incluyen, entre otros, una multa civil de 15 millones impuesta por FinCen.
En la demanda, se exige al tribunal que: 1) evite que Driven o cualquier otro actúe en su nombre violando aún más su deber fiduciario hacia el banco; 2) requiera a Driven dar acceso a los libros y registros mencionados en la demanda; 3) permita el acceso ilimitado a los libros y registros del banco en el futuro; 4) conceda daños monetarios por violación motivada del deber fiduciario y negligencia profesional en una cantidad mayor de $75,000; 5) que Driven pague por los costos, incluyendo el de abogados; y 6) otorgue a Bancrédito orden y repare el daño según lo considere el tribunal.
LA INHIBICIÓN DEL JUEZ
El pasado 28 de septiembre, hubo una audiencia a puerta cerrada en el Tribunal Federal de Hato Rey para atender varias mociones presentadas en el verano, pero el contenido de estas nunca se reveló debido a las muchas restricciones de acceso desde el inicio de este caso. Fue al final de esa vista cuando el juez Arias Marxuach se recusó alegando querer evitar un conflicto de interés.
En la orden, informó que durante la audiencia se enteró de que Francisco Rebollo, quien es el representante legal de Bancrédito International Bank, había presentado varias mociones que fueron preparadas con la asistencia del bufete de abogados McConnell Valdés. Esa fue la firma en la que Arias Marxuach trabaj
ó antes de convertirse en juez federal, por lo tanto, se vio obligado a recusarse inmediatamente de este caso, conforme a los códigos de conducta de jueces en el ámbito federal.
Fue entonces cuando el caso fue transferido a la sala de la jueza de distrito Silvia Carreño Coll.
Los abogados de la exgobernadora intentaron evitar a toda costa la recusación de Arias Marxuach. En una moción presentada en ese momento, el abogado Ignacio Fernández argumentó que esto retrasaría aún más el caso.
«La conducta ofensiva no tiene ninguna relación con Vázquez Garced. Sin embargo, ella será la parte más afectada por la recusación del tribunal. Como exgobernadora, el daño que la acusación le ha causado a ella, a su familia y a su reputación debería ser evidente», dijo Fernández en su moción.
«A lo largo del último año, ha esperado pacientemente su día en los tribunales y su redención. Una recusación en esta etapa solo prolongará su terrible experiencia sin que sea culpa suya», añadió. Sin embargo, su solicitud no tuvo éxito.
Carreño Coll denegó la petición de reconsideración porque las representaciones legales de Vázquez Garced ni Herrera Velutini presentaron «bases legales» que permitieran al tribunal «alterar la decisión del juez Arias Marxuach de recusarse de este caso».
RECURSO DE RECUSACIONES
No obstante, esta no es la primera vez que un juez se recusa en este caso. Cuando todo comenzó en agosto de 2022, el caso fue asignado a la jueza Aida Delgado Colón, quien se recusó sin revelar el motivo. Luego fue asignado al juez federal ‘senior’, Francisco Besosa, quien también se recusó, alegando que en su orden divulgando todas las personas cuya implicación provocaría su recusación se incluía al licenciado Ignacio Fernández de Lahongrais, uno de los abogados de Vázquez Garced.
Fue entonces cuando el caso llegó a manos del juez presidente del tribunal federal en la isla, Raúl Arias Marxuach, quien inicialmente no notificó ninguna causa para su recusación y rápidamente determinó que se emitiría una orden de mordaza, como ha ocurrido en otros procesos criminales de alto perfil. Sin embargo, después de que se revelara la conexión con el bufete McConnell Valdés, Arias Marxuach también se recusó, y ahora el caso está bajo la jurisdicción de Carreño Coll.
