El Proyecto del Senado 63, impulsado por el PNP, endurece el acceso a la información pública en Puerto Rico y amenaza décadas de lucha por la transparencia y el derecho ciudadano a saber
Por Wilda Rodríguez
Periodista
Pregúntese por qué tanto afán del Partido Nuevo Progresista en convertir el derecho de los ciudadanos a la información en una carrera de obstáculos legales. La única respuesta es que tienen algo que ocultar: la corrupción. Saqueo de fondos públicos, tráfico de influencias, nepotismo, soborno y abuso de poder.
De eso se trata aquí y en otras partes del mundo donde se han impuesto leyes sobre leyes para controlar el derecho a la información y la transparencia del gobierno. Eso es lo que ha hecho el Partido Nuevo Progresista desde el 2019 y lo sigue amarrando con el Proyecto 63 de Tomás Rivera Schatz en el 2025, aprobado en ambas cámaras legislativas por descargue para imponer requisitos adicionales para acceder a información pública. Tomás Rivera Schatz es el artífice de este proceso oscuro bajo el mantel de la ley.
Ahora el PS63 va a conferencia para cuadrar el lenguaje y luego a la firma de Jenniffer González y ya. A joderse, los que quieren acceder a información pública, periodistas en primera fila.
Les voy a hacer el cuento de esta artimaña del PNP.
En agosto de 2019 Ricardo Rosselló dejó la gobernación por voluntad del pueblo. Renunció, pero todo el mundo sabe que lo botaron como bolsa.
Se diría que el golpe, la vergüenza, el drama personal y político no le permitirían pensar en nada más al pobre hombre. Falso. Antes de largarse se apresuró a firmar dos leyes sobre el derecho a la información que fueron aprobadas en la Legislatura sin vistas públicas y en contra de las observaciones de periodistas, activistas, líderes comunitarios y juristas que las catalogaron de perversión a la transparencia gubernamental y retroceso intencional a una lucha de décadas por el derecho a la información.
¿Por qué lo hizo? Por lo mismo que Tomás Rivera Schatz impone enmendar una de esas leyes para ponerle controles adicionales al acceso a la información pública.
Apuesto a que en aquel momento del 2019 fue también Rivera Schatz quien obligó a Rosselló a firmar las dos leyes de marras como parte de la negociación para que renunciara y evitara el residenciamiento que le tenía al rescoldo.
No dudo tampoco que meterse la transparencia en un bolsillo ocultando la información pública por ley en los recovecos de la burocracia tenga también que ver con el odio visceral que le tiene Rivera Schatz a los periodistas. No sé por qué esa obsesión, porque hasta ahora hay que admitir que les va ganando. Ningún periodista ha podido sacar a la luz con consecuencias los vicios y transgresiones de Rivera Schatz, a pesar de que parece ser vox populi que es un delincuente.
La obsesión debe tener que ver precisamente con la ocultación de sus desmanes, los del partido, los amigos del alma y el gobierno. Las leyes aludidas aquí se hacen precisamente para evitar que las verdades se conozcan.
Legislar para dificultar la transparencia gubernamental no tiene otro propósito que el encubrimiento. Leyes sobre leyes sobre leyes en cualquier asunto tienen el singular propósito de entorpecer la justicia y facilitar la corrupción.
El exceso de leyes —la sobrerregulación— es un fenómeno generalizado en los países con democracias defectuosas. Demasiadas leyes y enmiendas sobre lo mismo, a veces innecesarias y redundantes, cuyo fin es desalentar la denuncia y complicar el panorama jurídico.
Ni que decir que los países menos corruptos son los que tienen más transparencia en sus gobiernos y mejor acceso de sus ciudadanos a la información gubernamental. Los más corruptos controlan la información y no son transparentes.
Esta no es mi opinión ni la conclusión de mi análisis. Es un hecho mundial que se mide. Hay organizaciones mundiales que miden la transparencia y el acceso a la información en todos los países del planeta.
Regularmente se publican índices de percepción de corrupción a nivel mundial. Las estadísticas más respetadas al respecto las publica anualmente Transparencia Internacional, una organización independiente de gobiernos con oficinas en Berlín.
Para que tengan una idea, los cinco países menos corruptos en el mundo según la última medición de este índice en el 2024, son Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur y Suecia. Vale destacar que de esos seis, cinco funcionan como socialdemocracia, menos Singapur que tiene un sistema político autoritario combinado con democracia. La socialdemocracia es otro tema que hay que discutir hasta el cansancio, pero volvamos aquí a la transparencia.
Si creen que le adjudico al PNP el afán de ocultar información por capricho, déjenme explicar que hasta que Rosselló firmó las dos leyes de marras (Ley de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico (Ley Núm. 122-2019) y la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a Información Pública (Ley Núm. 141-2019)) antes de salir corriendo despavorido del país en el 2019, prevalecía la decisión del Tribunal Supremo de 1982 que sostuvo que existía un derecho constitucional de acceso a información pública amparado en el derecho a la libertad de expresión.
No que nos haya servido de mucho, porque todos los gobiernos se han encargado de buscar la manera de controlar la información pública y ofrecer solamente la que el Gobierno quiera y cuando quiera.
Pero ciertamente es el PNP el que se ocupa de legislar los obstáculos a la información pública en el 2019 y ahora con cláusulas de tiempo y excepciones que anulan de facto el propósito de evitar que los funcionarios gubernamentales mientan, tergiversen, escondan información y evadan responsabilidades sobre sus actos públicos.
Para que sigan esta novela turca, el Proyecto 63 duplicará los plazos que las agencias tienen para responder las solicitudes de información de 10 a 20 días laborables, y con prórrogas podrían llegar a 40 o 50 días. Eso, obviamente, hace inoperante cualquier pedido de información. El PS 63 también ordena que se notifique a todos los funcionarios de las agencias cuando se solicita un documento.
¿He dicho “micromanejo tóxico” yo? No. Esa es la descripción del proyecto que hace la senadora María de Lourdes Santiago.
Por su parte, la forma en que está redactado el proceso de la semana pasada por el Centro de Periodismo Investigativo me obliga a citar porque no lo puedo contar mejor:
A las 7:12 de la noche del jueves llegó al hemiciclo de la Cámara de Representantes un cuarto calendario del día que incluía el Proyecto del Senado 63 para enmendar la Ley de Transparencia, y la medida fue aprobada con enmiendas por la mayoría del Partido Nuevo Progresista.
Apenas 24 horas antes, el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, había expresado públicamente que “no había prisa” para evaluar la medida y que se haría un informe del proyecto por la Comisión de lo Jurídico, lo cual nunca ocurrió. “Prisa no tenemos”, había dicho Méndez durante la única vista pública celebrada el miércoles, en la que más de una decena de entidades no pudieron participar.
El proyecto se aprobó con 29 votos a favor y 24 en contra. Siete representantes del PNP votaron en contra, así como la delegación del Partido Popular Democrático, la del Partido Independentista Puertorriqueño y el Proyecto Dignidad. Los representantes azules que votaron en contra fueron Fernando Sanabria Colón, Odalys González González, José “Che” Pérez Cordero, Emilio Carlo Acosta, Wanda del Valle Correa, Carmen Medina Calderón y Jerry Nieves Rosario.
Hasta las seis de la tarde del jueves, representantes de todos los partidos con los que habló el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) daban por seguro que el proyecto no sería considerado, pero ya casi agotada la sesión legislativa, surgió un calendario de última hora que nunca fue compartido con la prensa. En ese paquete estaba el PS 63, que se votó inmediatamente a viva voz, y para el cual los micrófonos de las minorías no se abrieron para el debate.
Y no fuimos felices para siempre. Habrá que seguir luchando.
