La organización advierte que la vivienda, la tierra y los cuerpos se han convertido en los principales frentes de disputa en Puerto Rico
SAN JUAN, Puerto Rico — Ayuda Legal Puerto Rico presentó su agenda de trabajo para el 2026 en un contexto que describió como uno de profundos retrocesos en derechos humanos y creciente precarización de la vida en Puerto Rico. Bajo el lema “resistir, insistir y avanzar”, la organización delineó un plan centrado en el derecho a permanecer frente a un desplazamiento que, según se expuso, ocurre desde la vivienda, la tierra y los cuerpos.
Durante la conferencia de prensa, Ariadna Godreau Aubert, fundadora y directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, explicó que la agenda responde a once años de trabajo legal comunitario y a un análisis proactivo del contexto político y social del país.
“Permanecer ya no es una condición garantizada, es una disputa abierta”, sostuvo. “Hoy vemos cómo el desplazamiento opera desde la pérdida de la vivienda, desde transformaciones territoriales que expulsan comunidades y desde el control de los cuerpos”.
La organización informó que en 2025 acompañó legalmente a 6,771 personas, de las cuales el 70% fueron mujeres y cerca de una cuarta parte adultos mayores. “Ese es un retrato del país”, afirmó Godreau Aubert.
Uno de los ejes centrales de la agenda es la vivienda. Ayuda Legal Puerto Rico alertó que más del 90% de las personas que enfrentan procesos de desalojo acuden al tribunal sin representación legal. En vivienda pública, añadió, “casi el 98% de las personas demandadas va sin abogado, mientras el 100% de los agentes privatizadores va con abogados”.
La organización también advirtió sobre la crisis de vivienda asequible. Según se discutió, Puerto Rico enfrenta una necesidad de cerca de 60,000 unidades de vivienda asequible, sin un plan real del gobierno para atenderla. Godreau Aubert señaló que incluso la Junta de Control Fiscal ha advertido sobre la ausencia de un plan de contingencia.
Otro de los temas abordados fue la fiscalización de fondos de recuperación tras desastres. Ayuda Legal Puerto Rico alertó sobre el cierre de programas CDBG-DR, la lentitud en el gasto de fondos y la existencia de necesidades no atendidas tras huracanes, terremotos e inundaciones. A esto se suma, según la organización, el desmantelamiento de FEMA y la falta de un plan real de manejo de desastres, incluyendo la distribución de alimentos.
En el ámbito de justicia económica, la organización expresó preocupación por la amenaza a la asistencia nutricional luego de septiembre de 2026. “A esta fecha no conocemos ningún esfuerzo de cabildeo local para garantizar la asistencia nutricional”, afirmó Godreau Aubert.
La agenda 2026 incluye además un componente de acción legal y respuesta rápida ante retrocesos en derechos fundamentales, incluyendo acompañamiento legal gratuito a organizaciones que apoyan comunidades inmigrantes, comunidades trans y proveedoras de servicios de salud sexual y reproductiva.
Godreau Aubert reiteró que el Observatorio de Política Pública de Ayuda Legal Puerto Rico será una herramienta clave para visibilizar prioridades legislativas y orientar esfuerzos de incidencia. “Si no logramos que la gente conozca qué es lo que está pasando aquí, vamos abandonando espacios”, advirtió.
Ayuda Legal Puerto Rico subrayó que todos sus servicios son gratuitos, que no solicita información sobre estatus migratorio y que su trabajo se basa en el acompañamiento legal y humano.
Información de contacto
Web: ayudalegalpr.org
Chat de apoyo legal en vivo: lunes a viernes, 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
Teléfono: 787-434-7575
