PROMESA, opacidad gubernamental y agenda moral como arquitectura de un poder sin voto en Puerto Rico
Dr. Rolando Emmanuelli Jiménez
Abogado y Profesor de Derecho
Puerto Rico no está entrando en el autoritarismo: Puerto Rico vive dentro de él. La colonia, por definición, es un sistema donde el pueblo no decide lo esencial y la última palabra reside afuera. Aquí la “democracia” siempre ha sido restringida, condicionada, vigilada y, cuando conviene, suspendida.
Lo nuevo no es el dominio colonial; lo nuevo es su absolutización. Con PROMESA, en 2016, se institucionalizó un gobierno sin voto y sin rostro: siete miembros no electos que dominan la política fiscal y convierten el presupuesto en un instrumento de mando. Desde entonces, la autonomía mínima del ELA quedó reducida a fachada administrativa: sirve para culpar al gobierno local y proteger al poder real.
Y, por si fuera poco, los gobiernos del PNP se insertaron en esa etapa post-PROMESA como ejecutores domésticos del mismo libreto neoliberal y autoritario. Opacidad, control del acceso a la información, ataques a la fiscalización, criminalización de la protesta y un giro legislativo para convertir el cuerpo de las mujeres en territorio del Estado. Si Ruth Ben-Ghiat describe las señales del autoritarismo contemporáneo, Puerto Rico exhibe una versión agravada: colonia sin soberanía y gobierno local dispuesto a normalizar la obediencia al trumpismo y MAGA.
Ruth Ben-Ghiat es historiadora, profesora de Historia e Italian Studies en la New York University, especializada en fascismo italiano, propaganda y autoritarismo comparado. En 2021 publicó Strongmen: Mussolini to the Present, donde estudia, a partir de casos históricos y contemporáneos, el “libreto” de los líderes autoritarios modernos: cómo capturan instituciones, explotan la corrupción y normalizan la violencia política.
Su advertencia central es simple: el autoritarismo no es una anomalía; es un método repetible. La democracia rara vez muere de un golpe; suele degradarse por etapas mediante propaganda, corrupción, ataques a la prensa y normalización de la violencia. El punto no es la “psicología del líder”, sino las herramientas de dominación del pueblo: fabricar enemigos, dividir y demonizar, castigar la verdad, capturar instituciones, enriquecerse y blindar la impunidad.
Ese marco teórico sirve porque nos obliga a mirar más allá del “escándalo del día” que consume las rutinas de la prensa defensora del sistema. Ben-Ghiat describe un sistema integrado: propaganda, corrupción, violencia y culto a la fuerza operan juntos. Cuando ese sistema se instala, la represión no siempre parece represión; muchas veces parece normalización y mero procedimiento.
Puerto Rico encaja en ese análisis con una diferencia decisiva: no es una república soberana en crisis institucional, sino un territorio colonial. Por eso, aquí la deriva autoritaria tiene un piso estructural anterior a cualquier partido político. La colonia es un régimen donde la última palabra no la tiene el pueblo que vive en el territorio, sino un poder externo. Esto ocasiona que nuestra situación sea más extrema y desesperante.
Mi tesis es sencilla y severa: Puerto Rico siempre ha vivido bajo autoridad colonial federal, pero con PROMESA y la Junta entramos en una fase de autoritarismo colonial absoluto. Esa fase se exacerbó durante el primer término de Donald Trump y ha hecho crisis total con MAGA 2.0 y el plan de la Heritage Foundation para empujar el fascismo en Estados Unidos. No es metáfora: es una arquitectura legal diseñada para subordinar al pueblo a los designios del capital neoliberal global.
PROMESA crea una Junta de siete miembros nombrados por el presidente: seis surgen de listas de líderes del Congreso y uno queda a discreción presidencial. La soberanía democrática local no interviene en su composición. Luego, ese cuerpo certifica planes fiscales y presupuestos y puede activar mecanismos para impedir que se implemente legislación territorial si entiende que choca con el plan fiscal. La ley prevé que la Junta bloquee leyes aprobadas por la Legislatura si, a su juicio, son incompatibles con el plan fiscal. Ese poder de “no ejecución” es el núcleo del autoritarismo administrativo: la política pública electa queda subordinada a un filtro externo. No es casualidad: el Congreso justificó esta criatura bajo la cláusula territorial y su autoridad plenaria sobre los territorios.
Y si alguien minimiza la gravedad del esquema, basta con recordar que se litigó hasta el Supremo de Estados Unidos. En Aurelius, el Tribunal validó el diseño de nombramientos y, con ello, normalizó un régimen de excepción permanente: una estructura de mando fiscal por encima de la representación política local.
Ese es el “techo” colonial. Lo que vuelve el cuadro explosivo es el “piso” local: desde enero de 2017, los gobiernos del PNP, en paralelo con el ascenso de MAGA, han alimentado una cultura política compatible con ese esquema. Sus medidas y controversias encajan indudablemente con los signos que Ben-Ghiat identifica como advertencias inequívocas del autoritarismo.
El primer signo es la guerra contra la verdad. No se trata solo de mentir; se trata de castigar a quien documenta y expone. Por eso, el acceso a la información pública no es tecnicismo: es control del poder. En diciembre de 2025, la gobernadora Jenniffer González firmó una ley que dificulta el acceso a documentos públicos: extiende términos, amplía la discreción para clasificar información y se aprobó aceleradamente, pese a la oposición amplia de organizaciones de derechos civiles y de prensa. La gobernadora lo vendió como “clarificación”; el saldo señalado por la sociedad civil es menos transparencia y más opacidad del régimen colonial.
La opacidad nunca es neutral. En regímenes autoritarios, la información deja de ser derecho y se convierte en favor. Y cuando el Estado controla el flujo de datos, la propaganda no necesita sofisticación: basta con que falte evidencia para refutar la versión oficial. Eso es desarmar el periodismo y, con él, la fiscalización democrática.
A ese signo se suma el segundo: castigo e intimidación a la prensa crítica. A finales de 2025, el Centro de Periodismo Investigativo demandó a la gobernadora y a su secretaria de prensa por impedir el acceso a conferencias en La Fortaleza bajo el pretexto de una credencial del Departamento de Estado que describen como requisito inconstitucional. Seleccionar quién puede preguntar es una tecnología de poder: produce silencio, disciplina y miedo.
Ben-Ghiat insiste en que el autoritarismo necesita una estética de fuerza: controlar el escenario, construir lealtades y pintar la crítica como “enemiga”. No hace falta cerrar periódicos para erosionar el pluralismo; basta con encarecer la fiscalización, restringir el acceso y convertir la información en laberinto. El resultado es autocensura y fatiga cívica.
Un tercer signo es criminalizar el discurso en crisis. Bajo Pedro Pierluisi, un tribunal federal bloqueó permanentemente una ley de “fake news” en emergencias por violar la Primera Enmienda al imponer una restricción por contenido sin justificación adecuada. Esa decisión describe, en clave jurídica, un fenómeno político: el impulso estatal de regular penalmente la “verdad” cuando la gente exige rendición de cuentas. El libreto autoritario usa la “seguridad” como coartada perfecta: “es por tu bien”, “es por orden”, “es una emergencia”. Ben-Ghiat explica que los strongmen convierten la crisis en permiso para concentrar poder. En Puerto Rico, esa tentación reaparece en huracanes, pandemia y colapso energético, y sus efectos ameritan crítica política, no complacencia.
El cuarto signo es la normalización de la violencia política, o su uso selectivo contra la protesta. En el verano de 2019, durante las manifestaciones que culminaron con la renuncia de Ricardo Rosselló, hubo represión policial documentada, incluyendo el uso indiscriminado de gases lacrimógenos y balas de goma contra manifestantes. La protesta pasó de derecho ciudadano a “amenaza al orden”. En una democracia real, la protesta masiva mide legitimidad. En una pulsión autoritaria, la protesta se trata como delito. Ese giro, del ciudadano soberano al ciudadano sospechoso, es exactamente la línea roja que Ben-Ghiat señala: el Estado entrena a la población para ver al disidente como enemigo interno. Esa lógica se ve hoy en Estados Unidos con la ola represiva de ICE que aquí opera, muchas veces, de forma cotidiana y encubierta.
El quinto signo es la captura y degradación de controles institucionales. En Puerto Rico ocurre en dos capas: la federal, con PROMESA sacando lo fiscal fuera del voto; y la local, cuando se restringe la transparencia, se limita el acceso a la prensa y se empuja legislación que polariza derechos fundamentales. Así se estrecha la deliberación, se controla férreamente el proceso político y se destruye el margen real de contrapesos indispensables.
El sexto signo es la corrupción como función del régimen: no un accidente moral, sino método para comprar lealtades, enriquecerse y asegurar impunidad. Puerto Rico arrastra décadas de convulsiones por corrupción gubernamental. Pero lo decisivo aquí es el patrón: cuando la corrupción convive con opacidad y propaganda, el sistema se autoprotege y bloquea la corrección democrática.
El séptimo signo es el ataque sostenido a derechos civiles y a la autonomía corporal. En meses recientes, el andamiaje antiaborto se endureció con medidas concretas. La Ley 122-2025 impone el consentimiento informado por escrito de padres o custodios para menores de 15 años o menos en terminaciones de embarazo: se disfraza de “protocolo”, pero crea barreras reales. Más aún, la Ley 183-2025 enmendó el Código Civil para reconocer personalidad y capacidad jurídica “desde el momento de la concepción”. En enero de 2026, se aprobó una medida para armonizar el Código Penal con ese giro y tratar la muerte de un concebido como asesinato. Esto no es debate moral abstracto: es política de Estado que recorta derechos adquiridos de las mujeres.
El octavo signo es la alineación con proyectos autoritarios externos y la importación de su lenguaje. Aquí entra Trump. La prensa local e internacional ha descrito a Jenniffer González como aliada republicana y sus propias expresiones confirman esa alineación. En clave Ben-Ghiat, Puerto Rico enfrenta el riesgo añadido de una élite local que busca insertar al país en la agenda del proyecto MAGA: respaldo a la ola represiva de ICE y aval a la intensificación del militarismo en Puerto Rico son dos ejemplos emblemáticos.
Ese alineamiento no es solo de estilo. En energía, decisiones federales recientes bajo Trump han afectado programas de energía solar mientras la gobernadora navega la crisis eléctrica y pleitos contra operadores como LUMA. Esto nos hace más dependientes de los altos costos del gas natural y de los intereses económicos extranjeros que lo controlan. No hace falta adjudicar intenciones: basta advertir el patrón de dependencia y acomodación que normaliza políticas federales que profundizan la vulnerabilidad social y endurecen el ataque autoritario.
El noveno signo es el debilitamiento deliberado del interés público para favorecer intereses concentrados, aun frente a la oposición ciudadana. En esa clave, se denuncia el apoyo político y administrativo al Proyecto Esencia en Cabo Rojo, señalado por múltiples sectores como golpe de estado regulatorio y desplazamiento de prioridades colectivas. En el mismo registro, la controversia sobre la casa de los suegros de la gobernadora en La Parguera, con sus privilegios, excepciones y trato preferente, simboliza un Estado con dos varas: una para el ciudadano común y otra para los cercanos al poder. Eso se vende como “desarrollo” o “normalidad”, pero, leído desde Ben-Ghiat, es síntoma autoritario: cuando el gobierno se alinea con intereses particulares y erosiona reglas, fiscalización y transparencia, la democracia se vuelve decoración.
El décimo signo es el cinismo institucional: convencer al país de que no decide nada importante y debe acostumbrarse a la impotencia. PROMESA ya hizo ese trabajo en lo fiscal. Cuando el gobierno local además restringe el derecho a saber, filtra a la prensa y empuja legislación moralizante a toda velocidad, el mensaje es devastador: “aquí mandan otros”.
Por eso, decir que Puerto Rico es “la peor colonia” no es hipérbole: es descripción política de una colonia modernizada. La Junta opera como procónsules contemporáneos con poder fiscal sin voto. Y el gobierno local, en lugar de resistir esa lógica y ampliar la democracia y la soberanía, reproduce prácticas que reducen la fiscalización, estrechan derechos e imponen la peor agenda autoritaria.
Sí: esto es fascismo en clave colonial, y no hay que pedirle permiso a la academia para nombrarlo. El fascismo no es pieza de museo; es un método que reaparece cuando el poder capitalista decide gobernar por miedo, propaganda e impunidad y convierte al Estado en máquina para disciplinar a la sociedad.
Ben-Ghiat lo describe y el libreto se repite aquí: culto a la fuerza, enemigos internos, degradación deliberada de la verdad, corrupción como pegamento del régimen y violencia, o su amenaza, como instrumento político. Cuando ese sistema se integra y se normaliza, ya no hablamos de “excesos”: hablamos de un poder que se sostiene por intimidación y obediencia.
Puerto Rico cumple, además, una condición que agrava el cuadro: aquí el fascismo no necesita “tomar” el Estado, porque el Estado nació subordinado. Con PROMESA y la Junta, y con gobiernos locales que justifican esa lógica, lo que vemos es fascismo colonial absoluto: siete procónsules sin voto y un gobierno local que administra la disciplina. La colonia añade un ingrediente que el fascismo clásico no necesitaba: subordinación estructural a un poder externo que decide lo esencial sin rendir cuentas aquí. Eso convierte la mal llamada democracia puertorriqueña en democracia de mentiritas: administra obediencia, no garantiza soberanía popular.
Y esa ficción no se sostiene sola. La apuntala una prensa leal al régimen colonial, capitalista, corporativa y dependiente, que normaliza la tutela, encubre la captura institucional y, cuando hace falta, defiende el autoritarismo como “estabilidad”, “responsabilidad política” o “sentido común”. Ve la paja en el ojo ajeno, pero evita mirar la viga en el suyo: titulares dóciles, preguntas fáciles, eufemismos, silencios convenientes y analistas voceros del régimen colonial y del bipartidismo.
El resultado es un país de doble mando: mando fiscal de la Junta y mando político de una maquinaria local que desde 2017 acumula medidas y episodios compatibles con un estilo autoritario. Rosselló detonó la crisis; Vázquez administró el interregno; Pierluisi empujó la criminalización del discurso en emergencia y la privatización de servicios públicos; y Jenniffer González arranca con controversias de transparencia, acceso a la prensa y un giro legislativo duro contra el aborto.
No faltan resistencias. La renuncia de Rosselló en 2019 probó que el pueblo puede romper el guion. Pero el autoritarismo aprende: ajusta tácticas, cambia de máscara y se vuelve “procedimiento” y normalización. El peligro no es solo el abuso: es el acostumbramiento.
Si esta columna tiene una sola función, es recordar que los derechos se pierden por acumulación: un término más para entregar documentos, una conferencia sin preguntas, una ley que enfría la crítica, una reforma que coloniza el cuerpo. Así se fabrica un país menos libre, aunque siga votando.
Pero en Puerto Rico esos retrocesos no son simple mala administración: son parte del diseño colonial. PROMESA institucionalizó un poder sin voto que decide lo fiscal y puede bloquear política pública; el gobierno local administra la disciplina e impone su versión doméstica del autoritarismo.
Por eso, la salida no puede ser “mejor colonia”. Transparencia, prensa libre y deliberación real son indispensables, pero serán siempre insuficientes mientras exista un mando externo con autoridad última. La conclusión es inevitable: la única forma de terminar con este autoritarismo es terminar con la colonia. La independencia no es poesía; es la condición mínima para que la democracia deje de ser decorado y se convierta, por primera vez, en poder del pueblo.
