El Cuerpo de Ingenieros de EE.UU. emitió dos órdenes de cese y desista por construcciones ilegales; reacciona el senador Molina, quien hizo las querellas
Por Sandra D. Rodríguez Cotto
En Blanco y Negro
SAN JUAN, Puerto Rico – Finalmente, el gobierno actúa contra la destrucción en la reserva natural de La Parguera, en Lajas. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos emitió dos órdenes de cese y desista contra precaristas que continúan realizando construcciones ilegales en las casetas sobre el mar en la zona.
Las órdenes fueron enviadas ayer a Aurora López-Soler y Vicente Velázquez, e incluyen fotografías que evidencian cómo las construcciones afectan el agua, emiten descargas ilegales y materiales fecales en la playa, y destruyen el ambiente. Ambas cartas también informan a estos residentes sobre las distintas leyes federales que están violando y les ordenan detener de inmediato sus actividades, además de exigirles una explicación sobre por qué continúan infringiendo la ley.
Esta es la primera acción concreta de las autoridades federales que demuestra el interés en frenar la destrucción en La Parguera.
Estos casos responden directamente a las acciones del ahora senador Eliezer Molina y de grupos de activistas que llevan casi dos años denunciando la destrucción acelerada en la zona.
En enero, Molina presentó querellas ante distintas agencias federales y, hace apenas unas semanas, miembros del Campamento Carey realizaron una manifestación en La Parguera para denunciar que las construcciones ilegales continuaban sin que las autoridades intervinieran. Mientras tanto, el recién confirmado secretario de Recursos Naturales y Ambientales, Waldemar Quiles, ignoraba la situación, permitiendo que las construcciones ilegales persistieran en la zona.
“Para mí es algo sumamente importante que se diera este cese y desista porque apenas hace dos semanas hicimos una protesta allí. Lo que de verdad sucede es que, si el pueblo se une, el gobierno actúa. Por primera vez las autoridades federales intervienen, y es gracias a la presión del pueblo”, manifestó en entrevista telefónica el senador Molina.
Cese y desista
Brandon L. Bowman, coronel en jefe del Cuerpo de Ingenieros, firmó las cartas enviadas a López-Soler y Velázquez, ordenándoles detener de inmediato las construcciones, limpiar el daño ambiental causado y notificándoles que se exponen a multas de hasta $100,000 en el caso de individuos y $200,000 en el caso de corporaciones.
Además, les informó que tienen 15 días para acatar la notificación, de lo contrario, el Cuerpo de Ingenieros tomará medidas adicionales. Esto incluye obligar a las autoridades estatales y federales a actuar para prohibir las construcciones ilegales en la zona.
Copia de ambas cartas también fue enviada a los directivos de otras agencias encargadas de la protección ambiental, incluyendo a Félix López, director de U.S. Fish and Wildlife Services; Carmen Guerrero, directora de la Agencia Federal para la Protección Ambiental (EPA); David Bernhar, director de la División de Recursos Protegidos de National Marine Services; Kelly Shotts, directora de la División de Conservación de Hábitats de National Marine Services, y Mildred Sotomayor, del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.
En el caso de López-Soler, quien reside en la urbanización Los Paseos en Dorado, se le exige que explique por qué ha realizado construcciones ilegales en La Parguera. La carta indica que, durante una inspección realizada el pasado 21 de febrero por miembros del Cuerpo de Ingenieros adscritos a la región del Caribe, se encontró una estructura de madera en plena construcción en aguas navegables sin autorización.
La estructura consiste en una plataforma de madera de aproximadamente 9 por 10 metros, con más de 35 pilotes rellenados con concreto, conectando la base de madera sobre los mangles, lo cual es ilegal. La construcción se ubica en el área de Camino Los Guayacanes, en La Parguera, a 150 metros al oeste del Club Náutico.
En el caso de Velázquez, residente de San Germán, el Cuerpo de Ingenieros le hace reclamos similares y le ordena un cese y desista inmediato. En ambas cartas se informa que los involucrados están violando la Sección 10 de la Ley Federal de Ríos y Agua, que prohíbe, entre otras cosas, la construcción de estructuras que obstruyan las aguas navegables de los Estados Unidos.
TRACTO DE LA FISCALIZACIÓN
Cabe recordar que estas acciones del Cuerpo de Ingenieros responden a las denuncias constantes de manifestantes que han reclamado acción en la zona por más de año y medio.
En el verano de 2023, un grupo de manifestantes acudió a La Parguera para denunciar las construcciones ilegales y seis de ellos fueron arrestados con una fianza global que alcanzó casi $600,000. El caso judicial aún está pendiente de juicio.
En marzo de 2024, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales ordenó la demolición de estructuras ilegales en La Parguera, incluyendo el negocio Carmen Shop, pero no tomó acción alguna. La controversia continuó con las denuncias persistentes de miembros del Campamento Carey.
Con la llegada del nuevo gobierno, la polémica resurgió, ya que la primera acción de Waldemar Quiles, entonces nominado como secretario del DRNA, fue legalizar las casetas de los suegros de su jefa, la gobernadora Jennifer González. Quiles fue confirmado esta semana.
El 17 de enero de 2025, recién estrenado como legislador independiente, Molina refirió los crímenes ambientales cometidos en La Parguera a distintas autoridades federales, incluyendo el Departamento de Justicia, la EPA y el Cuerpo de Ingenieros.
El pasado 1 de febrero, manifestantes del Campamento Carey protestaron nuevamente en La Parguera exigiendo la protección de esta zona marítimo-terrestre y la intervención del gobierno.
