La Oficina del Contralor identificó nueve hallazgos, incluidos pagos por procesar por $1.5 millones y deficiencias en conciliaciones bancarias
SAN JUAN (EFE)
La Contralora de Puerto Rico, Carmen A. Vega Fournier, publicó este miércoles una auditoría al Departamento de la Familia con señalamientos sobre pagos pendientes, controles fiscales, cuentas por cobrar, propiedad y cumplimiento financiero federal.
El informe, el cual cubre el período del 1 de julio de 2020 al 30 de noviembre de 2024, contiene una opinión cualificada, lo que significa que, en términos generales, las operaciones examinadas se realizaron conforme a la ley y reglamentación aplicable, excepto por los hallazgos señalados del uno al nueve.
Estos incluyen pagos de evidencia médica y de gastos de viaje pendientes por procesar por $1,563,138 y falta de controles en las operaciones de la división de pagos.
También deficiencias relacionadas con los comprobantes del oficial pagador y sus justificantes; deficiencias en las conciliaciones bancarias; más de $27,000 en débitos no autorizados de la cuenta bancaria del Oficial Pagador Especial, y pérdidas por $3,164 no reclamadas contra la fianza global o a la aseguradora del departamento.
Además, hay cuentas por cobrar por $65,920 por pagos indebidos de salarios, y falta de gestiones de cobro; atrasos en la contratación de los servicios de los estados financieros, e incumplimientos del envío de los estados a la federal audit clearinghouse y de la certificación anual sobre la ley 273-2003.
Otros señalamientos son deficiencias con los inventarios y el control de la propiedad; ausencia de registros internos de contabilidad; e incumplimientos y tardanzas en el envío de los informes mensuales de nóminas y puestos.
El examen identificó hallazgos significativos en áreas sensitivas relacionadas con pagos del Programa de Determinación de Incapacidad, conciliaciones bancarias, débitos no autorizados, cuentas por cobrar, contratación de auditorías externas, manejo de propiedad, contabilidad interna y cumplimiento con informes requeridos por ley.
Uno de los principales señalamientos establece que, al 30 de diciembre de 2024, existían pagos pendientes por procesar por $1,563,138 por conceptos de evidencia médica y gastos de viaje, correspondientes a varios años fiscales.
Vega Fournier mencionó que ya el Departamento de la Familia estableció un plan correctivo que la Contraloría evaluará en seis meses.
