La Oficina del Inspector General ordenó al DCR recuperar los fondos y cuestionó la legalidad de $139 millones en contratos tras detectar deficiencias y pagos sin justificación adecuada
San Juan (EFE) – La Oficina del Inspector General (OIG) informó este martes que una auditoría reveló que el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) pagó sobre $2.8 millones en exceso a lo estipulado a un contrato de servicios a una compañía privada que administra el sistema de salud correccional.
Ante ello, la OIG indicó en un comunicado de prensa que ordenó al DCR a que recobre esos $2 millones que se le pagaron a la empresa entre el 1 de septiembre de 2018 al 13 de diciembre de 2024, según encontró la auditoría.
Durante ese periodo, la OIG detalló que se evaluaron 264 facturas que totalizaban unos $74.3 millones, correspondientes a los servicios de administración del Programa de Salud Correccional (PSC) de salud mental de los Programas Instituciones Juveniles, Rehabilitación y Tratamiento y Medical Liaison Officer.
No obstante, del 1 de octubre de 2018 al 30 de septiembre de 2023, se pactaron los contratos por $54 millones, pero el DCR desembolsó $56.8 millones al contratista, lo que representa una diferencia de $2.8 millones en pagos en exceso.
Ante ello, la OIG emitió una orden al DCR, a los fines de solicitar que se proceda con el recobro de los fondos y con la presentación de facturas en cumplimiento con las disposiciones legales aplicables.
La OIG, de igual manera, cuestionó sobre $139 millones en contratos, luego de realizar una amplia evaluación sobre la administración del PSC, que identificó incumplimientos con leyes y reglamentaciones, y múltiples deficiencias en controles internos relacionados a la contratación de servicios.
Según la auditoría, al menos 174 del total de las facturas evaluadas no detallaban los servicios ofrecidos, toda vez que los datos contenidos en las facturas eran idénticos entre sí, en contravención a los requisitos establecidos en el acuerdo entre el DCR y el contratista.
La evaluación indicó que los informes de labores presentaban contenido repetitivo, con registros idénticos de horas trabajadas y el uso del término «aproximado» para describir la distribución de horas por cada servicio prestado.
Asimismo, se evidenciaron pagos en exceso por servicios sin enmienda contractuales, desembolsos sin retenciones contributivas y cláusulas de compensación deficientes que no garantizan el uso eficiente de los fondos públicos.
