Informe de la Contraloría apunta a posibles delitos de apropiación ilegal agravada, fraude informático y malversación por parte de un recaudador municipal
SAN JUAN (EFE) – La Contraloría de Puerto Rico informó este jueves que una auditoría suya reveló que el Municipio de Luquillo recaudó y desembolsó ilegalmente contratos de recogido y disposición de escombros tras el paso de los huracanes Irma y María en 2017.
Según indicó la Contraloría en un comunicado de prensa, las pruebas efectuadas y la evidencia revelaron que estas operaciones no se realizaron en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicable.
El informe revela posible malversación y apropiación ilegal agravada por parte de un recaudador que no entregó 5.841 dólares a la recaudadora oficial ni los depositó en las cuentas del Municipio.
Además, el recaudador no registró 22 recibos manuales en el módulo de contabilidad computadorizado Ingresys, del sistema Solución Integrada para Municipios Avanzados, y canceló 47 recibos con información falsa, luego de haber recaudado el dinero.
Por estas acciones, el recaudador pudo haber cometido, entre otros, los delitos de apropiación ilegal agravada, fraude informático, falsedad ideológica y malversación, detalló la auditoría.
Esta situación se remitió al secretario de Justicia y al director de la Oficina de Ética Gubernamental el 30 de abril de 2025.
De acuerdo con la auditoría, la recaudadora oficial no requería los recibos ni corroboraba su registro en ingresos, los recaudadores anularon recibos contrarios a la reglamentación y los directores de Finanzas no protegieron ni salvaguardaron los valores y documentos fiscales del Municipio.
Incluso, según la auditoría, los funcionarios municipales no encontraron cinco expedientes de recibos expedidos ni las copias amarillas de 20 recibos manuales.
Estos documentos debieron archivarse y ponerlos a disposición para ser auditados por la Oficina del Contralor de Puerto Rico.
Por el contrario, el Municipio otorgó 57 acuerdos de cesión de créditos por 198.144 dólares sin la certificación del notario público, sin cargo a una orden de compra y sin registrar en la Contraloría.
En los acuerdos, el contratista reconoce su deuda con los subcontratistas, cede el pago directo al municipio y que se descuente del contrato principal.
Además, los acuerdos carecían de información básica como el Seguro Social, la dirección y evidencia de facturas por los servicios prestados.
Al respecto, la directora de Finanzas no pudo cotejar si los créditos correspondían a una obligación legalmente contraída.
La auditoría, en conclusión, le recomendó al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que el Municipio de Luquillo cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la Contraloría.
