San Juan, 28 de abril de 2022 (EFE) – La Contraloría de Puerto Rico informó este jueves que una auditoría suya reveló irregularidades en el Ayuntamiento del Municipio de Quebradillas, refiriéndolo al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental.
Entre las irregularidades financieras que se incluyen en la investigación, están la compra e inversión de $2,426,376 del 2011 al 2016 para el desarrollo de un hotel municipal que no ha tenido utilidad, detalló la Contraloría en un comunicado de prensa.
En la casa tipo mansión, desarrollada con recursos del entonces Banco Gubernamental de Fomento y de una Resolución Conjunta de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico de 2013, está abandonada y sólo ha generado $8,340 por actividades privadas.
Además, el alcalde Heriberto Vélez Vélez, del Partido Popular Democrático, compró pinturas para su negocio privado, utilizando los precios especiales de la cuenta de cliente comercial del Municipio para no pagar el Impuesto sobre Ventas y Uso.
El alcalde, además, obtuvo de un contratista del Municipio un estimado de daños a una propiedad suya sin pagar, y permitió que se realizara una fiesta de Navidad de la corporación Empresa Municipal para el Desarrollo Económico de la Ciudad Pirata, Inc, en un restaurante propiedad de su familia.
Por estas situaciones, se pudo haber configurado los delitos de aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios, tipificado en la Ley 146-2012, Código Penal de Puerto Rico, y acciones prohibidas en la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental, explicó la Contraloría.
Además, dos empleados municipales, el oficial de rehabilitación de viviendas y el inspector de proyectos, realizaron trabajos privados para su beneficio y para el alcalde.
Los auditores de la Contraloría hallaron en las computadoras, dibujos de planos de propiedades a nombre del alcalde y sus familiares, facturas por dibujos técnicos, planos por servicios a un exempleado municipal y cotizaciones para trabajos no relacionados con la gestión oficial del Municipio.
Por estas acciones, los empleados municipales pudieron haber cometido delitos de aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios.
Por ello, los resultados de esta investigación se refirieron el 9 de marzo de 2022 al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental para que tomen las acciones pertinentes.
La Contraloría recomendó también al Panel del Fiscal Especial Independiente considerar el resultado de la investigación y al alcalde velar por el uso diligente de los recursos para el beneficio del interés público.
