La Contralora emitió una opinión adversa tras identificar pagos contrarios a contratos, falta de controles y deficiencias administrativas
SAN JUAN (EFE)
La Contralora de Puerto Rico, Carmen A. Vega Fournier, reveló este viernes múltiples incumplimientos legales, debilidades de control interno y deficiencias significativas en la administración del Fondo de Mejoras Municipales y otras operaciones relacionadas de la Autoridad de Tierras.
La auditoría, que comprendió del 1 de julio de 2015 al 31 de marzo de 2023, emitió una opinión adversa, lo que significa que las pruebas realizadas y la evidencia recopilada reflejan que las operaciones examinadas no se llevaron a cabo conforme a la ley y reglamentación aplicable.
«La sana administración pública requiere controles firmes, transparencia absoluta y respeto irrestricto al uso de los fondos públicos. Cuando esos principios fallan, se afecta la confianza ciudadana y la capacidad del Gobierno para servir con justicia y eficiencia», expresó Vega Fournier.
Uno de los señalamientos más significativos corresponde a $297,177 pagados contrario a las disposiciones contractuales. La auditoría examinó contratos otorgados a entidades sin fines de lucro y determinó que la Autoridad efectuó desembolsos sin contratos vigentes, incluyendo pagos realizados antes del otorgamiento formal del contrato y luego de vencida su vigencia.
Asimismo, para ocho contratos por $375,820, la Autoridad requirió tardíamente -o no requirió- informes sobre el uso de los fondos o la devolución de sobrantes, lo que provocó que $262,732 no estuvieran disponibles para atender obras y servicios en beneficio de la ciudadanía.
La auditoría también reveló que en siete contratos por $385,000 no se especificaron claramente las obras, las mejoras permanentes, los servicios a prestar, ni los beneficiarios de los fondos asignados.
Además, en un caso específico, se determinó que fondos por $30,000 fueron utilizados de una resolución distinta a la establecida contractualmente, en violación a los términos pactados.
En cuanto al segundo hallazgo, la Contralora informó que la entonces directora de Finanzas, Contabilidad y Presupuesto realizó funciones incompatibles entre sí, tales como preintervenir justificantes de desembolso, emitir y firmar cheques, y registrar pagos.
Otro hallazgo importante fue la identificación de seis contratos por $113,500 formalizados con una entidad sin fines de lucro que no fueron registrados ni remitidos, pese a que se efectuaron pagos relacionados con dichos acuerdos.
También se determinó que la Autoridad incumplió con el envío de certificaciones anuales requeridas por ley para los años fiscales del 2015-16 al 2021-22 y remitió diez informes mensuales de nómina y puestos con tardanzas de entre 3 y 30 días.
Como comentario especial, la auditoría destacó que la Autoridad no cuenta con suficiente estructura administrativa para cumplir las funciones del Programa de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes (PIR), encargado de manejar cientos de solicitudes legislativas y cerca de mil contratos anuales.
