Danielle Berthothy, residente de Missouri, es señalada como responsable del siniestro que destruyó tres comercios y afectó una hospedería
San Juan, Puerto Rico – Agentes de la Oficina de Kansas City de la agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) ejecutaron ayer una orden judicial en la residencia de Danielle Berthothy, residente de Missouri. La mujer ha sido identificada como la principal sospechosa de causar el incendio que el pasado 2 de enero devastó tres comercios, incluido el Bar Marea, y afectó parcialmente una hospedería en Cabo Rojo.
Aunque algunas cuentas de redes sociales informaron que Berthothy había sido arrestada, la información no es correcta. Al momento, la mujer no ha sido detenida. Berthothy, sí, fue colocada en una patrulla, mientras los agentes verificaban el interior de su residencia.
En horas de la tarde del martes, la ATF confirmó que asumió jurisdicción sobre la investigación del incidente, en el que presuntamente Berthothy utilizó un envase de gasolina para provocar el fuego tras ser expulsada del bar por su comportamiento agresivo.
El propietario del Bar Marea denunció públicamente el acto a través de un video en TikTok, donde relató que Berthothy estuvo en el negocio horas antes del siniestro y se mostró agresiva con el personal. La situación requirió la intervención de la Policía Municipal de Cabo Rojo, que inicialmente manejó la queja, pero no logró evitar que la mujer regresara al lugar.
El video difundido muestra a la sospechosa en distintas escenas esa noche, primero en estado de aparente intoxicación y luego con un envase rojo que, según el denunciante, contenía gasolina. Testigos afirman que Berthothy regresó al establecimiento cerca de una hora después de su cierre para iniciar el incendio que arrasó con el bar y dos comercios aledaños.
El incendio no solo dejó en ruinas tres negocios, sino que también afectó la operación de una hospedería cercana, causando consternación en la comunidad. Comerciantes locales y residentes han expresado su indignación y reclaman justicia por el daño ocasionado.
Con la intervención de la ATF y la ejecución de la orden judicial, las autoridades federales han comenzado la pesquisa. Aunque no se han presentado cargos formales hasta el momento, este desarrollo marca un avance en la investigación.
