La medida recibió respaldo general en el Senado, aunque varias entidades recomendaron ajustes para proteger derechos y servicios vigentes
La Comisión de lo Jurídico del Senado evaluó este miércoles un proyecto que reduciría la mayoría de edad en Puerto Rico de 21 a 18 años mediante una amplia reforma al Código Civil y otras leyes relacionadas con capacidad jurídica, tutela, alimentos, comercio y relaciones familiares.
Durante una vista pública, el presidente de la comisión, el senador Ángel Toledo López, defendió la necesidad de analizar en profundidad la propuesta, identificada como el Proyecto del Senado 1245, que busca armonizar el ordenamiento jurídico local con la realidad de que las personas de 18 años ya pueden votar, trabajar, servir en las Fuerzas Armadas y responder penalmente como adultos.
“Ciertamente esta medida ha provocado muchas reacciones, sobre todo entre los jóvenes que lo ven con buenos ojos. Pero tenemos la responsabilidad de analizarla profundamente con las diferentes entidades y agencias para tomar las mejores decisiones”, expresó Toledo López.
Según la medida, mantener la mayoría de edad en 21 años limita el acceso de jóvenes adultos al crédito, la contratación, la administración de bienes, el emprendimiento y otras gestiones civiles ordinarias. El proyecto sostiene además que Puerto Rico permanece rezagado frente a la mayoría de las jurisdicciones estadounidenses, donde la mayoría de edad se reconoce a los 18 años.
Entre los cambios propuestos se encuentran el reconocimiento de plena capacidad civil a partir de los 18 años, la eliminación del consentimiento parental para que personas entre 18 y 20 años puedan contraer matrimonio y modificaciones relacionadas con la capacidad para ejercer el comercio, otorgar testamentos ológrafos y administrar bienes.
La presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Vivian Godineaux Villaronga, respaldó la medida al entender que aporta mayor coherencia al ordenamiento jurídico.
“La medida se sustenta con fundamentos ampliamente discutidos en la esfera jurídica y aporta a una mayor coherencia en nuestro ordenamiento legal”, sostuvo.
Por su parte, el Departamento de Justicia indicó que no identifica impedimentos legales para la aprobación del proyecto, aunque recomendó revisar leyes especiales que podrían verse afectadas por los cambios propuestos.
Entre ellas figuran las relacionadas con la compra de bebidas alcohólicas y la portación de armas, áreas que no están contempladas en la medida. Godineaux Villaronga recomendó aclarar expresamente que la edad mínima de 21 años para adquirir alcohol permanezca inalterada debido a requisitos de legislación federal.
La Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) también expresó apoyo condicionado a la incorporación de salvaguardas para jóvenes entre 18 y 21 años que reciben servicios de salud mental o tratamiento por uso de sustancias.
“Es imperativo reconocer que la mayoría de edad cronológica no equivale necesariamente a capacidad funcional plena en todos los escenarios clínicos”, advirtió el doctor Raúl Rodríguez Marcial.
Mientras, la Administración de Sustento de Menores (ASUME) planteó preocupaciones sobre el impacto que la reforma tendría en los procesos de pensiones alimentarias y recomendó mantener la jurisdicción de la agencia hasta los 21 años para proteger la continuidad de apoyo a estudiantes y jóvenes dependientes.
No obstante, el proyecto incluye disposiciones transitorias para preservar derechos adquiridos bajo la legislación vigente. Entre ellas, establece que las personas entre 18 y 20 años que actualmente reciben pensiones alimentarias continuarán recibiéndolas hasta los 21 años o hasta que proceda una modificación conforme al régimen legal anterior.
La medida también dispone que, una vez entre en vigor, cesarán automáticamente la patria potestad y la tutela sobre toda persona que haya cumplido 18 años, salvo las excepciones expresamente reconocidas por ley.
