La organización solicitó investigación y medidas correctivas tras denuncias de uso ilegal de equipo pesado en construcciones no autorizadas
San Juan, Puerto Rico – La organización Acción Social y Protección Ambiental (ASPA) presentó dos querellas contra el municipio de Salinas y varios de sus funcionarios, acusando violaciones a la Ley 107-2020, conocida como el “Código Municipal de Puerto Rico”, y diversas ordenanzas municipales.
Las querellas fueron presentadas ante la Oficina de Ética Gubernamental y la Oficina del Contralor e incluyen a la alcaldesa Karilyn Bonilla Colón, al director de Obras Públicas Municipales, Pedro Burgos, y al exdirector de esa dependencia, Víctor Ortiz Figueroa.
La disputa se originó luego de que ASPA solicitara al municipio una copia de la bitácora o control de uso de los vehículos pesados y maquinaria municipal, amparándose en la Ley 141 de 2019, conocida como la “Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública”. La solicitud fue realizada el 12 de noviembre de 2024 tras rumores sobre el uso de maquinaria municipal en la construcción ilegal de un campo de tiro en 2021, en el que estuvo involucrado el presidente de CODEPOLA, Ariel Torres Meléndez.
“Hicimos esta petición ante la confidencia que tuvimos de que el Municipio de Salinas había utilizado maquinaria en la construcción ilegal que realizaba en el 2021 el presidente de CODEPOLA, Ariel Torres Meléndez, para construir un campo de tiro. Ante la falta de respuesta por parte del municipio, se procedió a radicar una primera querella en el Tribunal de Salinas”, explicó José Cora Collazo, presidente de ASPA.
Durante el proceso, la auditora municipal de Salinas, Aisvelis Alvarado Santiago, testificó bajo juramento que la solicitud de información fue gestionada con el director Pedro Burgos, quien afirmó que el municipio no mantiene registros o bitácoras sobre el uso de vehículos pesados. El exdirector Víctor Ortiz Figueroa también confirmó la inexistencia de dichos controles.
“Esta falta de control sobre el uso del equipo pesado constituye una grave violación de diversas normativas. Entre ellas, el Artículo 2.012 del Código Municipal de Puerto Rico, que obliga a la custodia y control de la propiedad municipal, incluyendo registros detallados del uso de vehículos y equipos pesados. De igual forma, hay violaciones a la Ordenanza 14, Serie 2016-2017 y la Ordenanza 08, Serie 2018-2019, que establece procesos adicionales sobre las bitácoras y el registro de los pagos recibidos y su distribución. La alcaldesa Karilyn Bonilla lleva años incumpliendo sus propias ordenanzas municipales”, manifestó José Cora.
ASPA denunció que la falta de controles en el uso de los vehículos municipales impide auditar las rutas, supervisar los gastos y documentar el uso de maquinaria en construcciones ilegales, como ocurrió en 2021. Además, la organización expresó preocupación por el destino de los fondos recaudados por el municipio a través de la facturación del uso de estos equipos, sin registros que justifiquen los cobros.
“Además, se pone en duda el destino de los fondos recaudados por el municipio mediante la facturación del uso de estos equipos, sin contar con bitácoras de control que justifiquen los cobros”, añadió Cora.
En sus querellas, ASPA solicitó la apertura de una investigación formal sobre la falta de controles en la propiedad municipal, así como la radicación de una querella por falta de ética contra los funcionarios responsables. También exigieron la implementación inmediata de un sistema de registro y control en Salinas para garantizar la transparencia en la administración de bienes municipales.
“ASPA reafirma su compromiso con la transparencia y la legalidad, y exige que se tomen las medidas pertinentes para corregir estas irregularidades en la administración del Municipio de Salinas”, finalizó Cora.
