Víctor Bonilla Sánchez advierte sobre el impacto en los programas educativos de la isla
San Juan, Puerto Rico – La Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) expresó su rechazo a la orden ejecutiva firmada este jueves por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para desmantelar el Departamento de Educación federal (USDE). La organización alertó que esta decisión afectará gravemente la educación pública en Puerto Rico y en otros territorios estadounidenses, poniendo en riesgo programas esenciales financiados con fondos federales.
“El mayor impacto de la eliminación del USDE lo sentirán los cerca de 26 millones de niños de familias pobres y poblaciones vulnerables en la nación americana, incluyendo a Puerto Rico, que dependen del apoyo adicional que reciben de esta agencia para alcanzar su máximo potencial”, declaró Víctor Manuel Bonilla Sánchez, presidente de la AMPR.
Antes de firmar la orden, Trump aseguró que esta decisión responde a una promesa electoral de reducir el Gobierno federal y devolver competencias en enseñanza a los estados. “Es una decisión que ha llevado 45 años adoptar”, afirmó el mandatario, en referencia a la creación del USDE en 1979, una medida que desde entonces ha sido criticada por sectores republicanos.
A pesar de que el Departamento de Educación no puede cerrarse completamente sin la aprobación del Congreso, la Casa Blanca confirmó que la agencia verá reducidas sus funciones a la mínima expresión, manteniendo únicamente competencias relacionadas con la gestión de becas y préstamos estudiantiles.
Para la AMPR, esta reestructuración afectará de manera significativa a los estudiantes puertorriqueños y a los programas educativos que dependen de los fondos del USDE. “Habíamos advertido que la eliminación del USDE va a trastocar significativamente un gran número de programas y servicios que operan con el apoyo de la agencia federal y se financian con fondos federales. Algunos de estos programas incluyen horario extendido y tutorías, educación especial, transportación escolar, mantenimiento de escuelas, educación vocacional y técnica, y educación para adultos”, explicó Bonilla Sánchez.
A pesar de que Trump aseguró que se mantendrán las ayudas para niños con discapacidades y los fondos del Título I de la Ley de Educación Primaria y Secundaria, la AMPR teme que estos recursos sean redistribuidos de manera desigual entre otros departamentos y agencias. “El USDE ha sido clave para asegurar que Puerto Rico reciba una proporción justa de los fondos educativos. Sin su supervisión, nos preocupa que la distribución de estos recursos quede en manos de políticos que no prioricen nuestras necesidades”, afirmó Bonilla Sánchez.
El líder de la AMPR también adelantó que la organización, en conjunto con la American Federation of Teachers, aumentará la presión sobre el Congreso para frenar el cierre definitivo del USDE. “Seguiremos ejerciendo la presión necesaria entre los congresistas tanto republicanos como demócratas para evitar que esta acción se concrete”, aseguró.
Asimismo, hizo un llamado a la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, y al comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, para que asuman una postura firme en defensa de los fondos educativos federales. “Insistimos en que nuestras autoridades exijan al Congreso que proteja el derecho de nuestros niños y jóvenes a una educación de calidad”, concluyó Bonilla Sánchez.
Mientras el Congreso debate el futuro del Departamento de Educación, la comunidad educativa en Puerto Rico se mantiene alerta y preocupada por el impacto que esta medida pueda tener en el acceso a una educación equitativa y de calidad en la isla.
