San Juan, Puerto Rico – La Asociación de Industriales de Puerto Rico, a través de su presidente Eric Santiago Justiniano, expresó su preocupación y descontento con la inmunidad otorgada a LUMA Energy por parte del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) frente a reclamaciones de consumidores de la red eléctrica.
“El mantener condiciones de inmunidad a LUMA Energy por parte del Negociado de Energía de Puerto Rico por reclamaciones de parte de los consumidores de la red eléctrica de Puerto Rico es perpetuar la incertidumbre al desarrollo económico y a la vida misma de los ciudadanos de Puerto Rico”, manifestó Santiago Justiniano en declaraciones escritas.
Santiago Justiniano señaló que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), y la Junta de Supervisión Fiscal son responsables de los acuerdos que el ente regulador, NEPR, ha hecho con LUMA. El presidente de los Industriales emplazó al Ing. Edison Avilés-Deliz, presidente del NEPR y de la Junta Reglamentadora de Servicio Público de Puerto Rico, así como a los comisionados Lcda. Lillian Mateo Santos, Ing. Ferdinand A. Ramos Soegaard, Lcda. Sylvia B. Ugarte Araujo, y el Ing. Antonio Torres Miranda, a que asuman su responsabilidad histórica y tomen acciones conducentes a la protección de las familias trabajadoras, las empresas, los hospitales y todo el comercio en general ante la impunidad.
“Nuestro reclamo se remonta a abril del 2022, cuando miembros del sector privado presentaron una moción contra el Negociado de Energía de Puerto Rico para que el regulador reconsiderara la inmunidad que este y el Gobierno concedieron a LUMA Energy. Industriales ha estado presente en todas las luchas para velar por un mejor servicio y un precio competitivo a nuestras empresas y hogares. La dispensa otorgada a LUMA Energy, operador de la red eléctrica, ha dejado en un estado de total indefensión a los abonados de la AEE y la ciudadanía en general”, insistió Santiago Justiniano.
El líder de los Industriales también hizo un llamado a la transparencia y responsabilidad por parte del Negociado, la AAPP y la AEE.
“El Negociado, la Autoridad de Alianzas Público-Privadas y la AEE deben ser transparentes y aclarar fehacientemente que cualquier empresa y/o ciudadano tendrá todas las debidas protecciones ante los daños causados por la ineficacia en la distribución de energía eléctrica. El no hacerlo atenta contra los mejores intereses del país en su búsqueda por décadas de mejores condiciones económicas al desarrollo”, concluyó Santiago Justiniano.
La situación ha generado un clima de incertidumbre y preocupación entre los ciudadanos y empresarios de Puerto Rico, quienes demandan mayor protección y garantías frente a los problemas derivados del servicio eléctrico, vital para el desarrollo económico y la calidad de vida en la isla.
