La asimilación fracasó, pero el desplazamiento avanza mediante leyes, privatizaciones, incentivos contributivos y políticas que encarecen la vida y reducen el espacio de los puertorriqueños en su propia tierra
Dr. Rolando Emmanuelli Jiménez
Abogado y Profesor de Derecho
Cuando uno estudia la historia de Puerto Rico con detenimiento, desde la perspectiva de los historiadores contemporáneos y recientes, aparece un hilo conductor que no se puede ignorar. Desde la invasión de 1898, Estados Unidos no trató a Puerto Rico como un territorio ordinario en ruta natural hacia la estadidad. Al contrario, lo clasificó como una posesión colonial que debía ser administrada, moldeada y subordinada.
Esa fue la raíz de la doctrina del territorio no incorporado: Puerto Rico pertenecía a Estados Unidos, pero no formaba parte de Estados Unidos. Éramos propiedad, pero no parte. Esa frase, tan brutal como precisa, explica más de un siglo de coloniaje.
Los Casos Insulares no fueron un accidente jurídico ni una simple curiosidad histórica. Fueron la expresión legal de una visión racista e imperial vigente hasta el día de hoy. En esos casos se sostuvo, en esencia, que pueblos como el puertorriqueño no estaban preparados para recibir plenamente el sistema constitucional estadounidense porque tenían otro idioma, otra cultura, otra historia, otra religión dominante, otras instituciones y otra forma de mirar el mundo.
Para el poder colonial, eso nos hacía inferiores, sospechosos e incapaces de pertenecer plenamente; en fin, “salvajes”. Por eso, Puerto Rico no podía ser tratado como los territorios continentales que eventualmente caminaron hacia la estadidad. Había que inventar una categoría especial para mantenernos bajo control sin reconocernos igualdad.
De ahí nació la primera gran estrategia colonial: la asimilación. Si Puerto Rico era demasiado distinto para ser incorporado, había que transformar a Puerto Rico. Había que americanizarlo. Había que arrancarle, poco a poco, sus raíces nacionales. La asimilación comenzó por las instituciones básicas de la vida diaria. Se desplazó la moneda.
Se impuso el inglés en la escuela pública. Se alteró el sistema educativo para formar sujetos coloniales, no ciudadanos libres de una nación con conciencia propia. La escuela se convirtió en instrumento de penetración cultural, no meramente en espacio de enseñanza.
Luego vino la ciudadanía estadounidense impuesta en 1917. No fue un acto de generosidad democrática. Fue una decisión colonial tomada por el Congreso sin consultar al pueblo de Puerto Rico. Se nos dio una ciudadanía subordinada, sin igualdad política y sin soberanía. Esa ciudadanía sirvió para profundizar el vínculo colonial, facilitar la movilidad militar y económica del imperio, y crear la ilusión de pertenencia sin conceder los derechos plenos de la pertenencia.
Desde entonces, el puertorriqueño carga una ciudadanía que lo acerca a Estados Unidos cuando conviene al poder federal, pero lo mantiene a distancia cuando reclama otros derechos.
La asimilación también atacó la economía local. Puerto Rico perdió herramientas para proteger su industria, su agricultura y su producción interna. La economía fue reorganizada para servir a los intereses del capital externo, no para garantizar el desarrollo del país. Hasta la alimentación fue parte de ese proceso. Se promovió el desplazamiento de alimentos tradicionales y cultivos locales.
Se sustituyeron hábitos, productos y formas de vida. La asimilación no era solamente política. Era cultural, económica, lingüística y cotidiana. Se pretendía cambiar lo que comíamos, cómo hablábamos, cómo aprendíamos, cómo producíamos y cómo nos veíamos a nosotros mismos.
También se atacaron las instituciones espirituales y culturales del país. La Iglesia católica, que durante siglos fue parte del entramado cultural hispano de Puerto Rico, fue desplazada mediante la entrada organizada de iglesias protestantes estadounidenses. Según han documentado historiadores como Samuel Silva Gotay, el territorio se distribuyó entre misiones protestantes como parte de una estrategia de penetración cultural.
Esto no puede verse solo como un cambio religioso. Era parte de un esfuerzo mayor por debilitar instituciones asociadas a la lengua española, la herencia hispana y la cohesión cultural puertorriqueña. El coloniaje entendió desde temprano que, para dominar un país, no basta controlar su gobierno; también hay que intervenir sus símbolos, sus creencias y sus formas de comunidad.
Pero Puerto Rico resistió. Resistió desde la cultura, desde la lengua, desde la música, desde la literatura, desde las luchas obreras, desde el nacionalismo, desde la universidad, desde los barrios y desde la memoria familiar. La nación puertorriqueña no desapareció. Esa resistencia tuvo un costo enorme. Los independentistas fueron perseguidos.
El nacionalismo fue criminalizado. Las uniones obreras fueron vigiladas, divididas o cooptadas. A todo sector que defendiera una conciencia nacional se le trató como amenaza. Don Pedro Albizu Campos y el Partido Nacionalista son símbolos de esa resistencia, pero no fueron los únicos. Hubo comunidades, maestros, obreros, artistas, estudiantes y familias enteras que, sin grandes discursos, mantuvieron viva la identidad puertorriqueña.
La asimilación fracasó porque Puerto Rico no era una página en blanco. Era y es un país. Una nación puede ser dominada, empobrecida y perseguida, pero no necesariamente puede ser borrada. La historia de Puerto Rico demuestra precisamente eso. A pesar de más de un siglo de coloniaje, seguimos hablando español, seguimos produciendo cultura propia, seguimos reconociéndonos como puertorriqueños y seguimos afirmando una identidad nacional que no cabe cómodamente dentro del molde estadounidense.
Hasta la cultura popular contemporánea, desde la música urbana hasta figuras como Bad Bunny, confirma ante el mundo algo que el poder colonial nunca ha podido borrar: Puerto Rico es una nación.
Por eso, el estadismo entró en una contradicción profunda. Para lograr la estadidad, necesitaba demostrar que Puerto Rico podía ser absorbido cultural y políticamente por Estados Unidos. Pero cada generación confirmó lo contrario: seguimos siendo puertorriqueños. El PNP nunca pudo resolver ese problema.
Habla de estadidad, pero no puede americanizar al país. No se atreve a imponer el inglés como idioma real de la vida pública porque sabe que perdería apoyo electoral. No puede borrar la cultura puertorriqueña porque esa cultura es más fuerte que su propaganda. Ahí está su tragedia política: quiere ser admitido como estado, pero no puede producir el tipo de país que ciertos sectores estadounidenses estarían dispuestos a admitir como igual.
Ahí es donde cambia la estrategia. Si la asimilación no funcionó, entonces viene el desplazamiento. Si no pueden convertir al puertorriqueño en estadounidense, intentan reducir el espacio económico, territorial, profesional y cultural donde el puertorriqueño puede vivir, trabajar y prosperar.
El desplazamiento no ocurre de un día para otro ni siempre se anuncia con grandes discursos. Se va dando con leyes, permisos, incentivos contributivos, privatizaciones, destrucción de instituciones, encarecimiento de la vivienda y debilitamiento de los espacios de defensa colectiva. Primero trataron de cambiarnos. Ahora parecen apostar a sustituirnos.
El desplazamiento comienza por la economía. Se sustituye una economía productiva por una economía dependiente, especulativa y orientada al capital externo. Se les dan exenciones contributivas enormes a quienes llegan de afuera, mientras al comerciante, profesional y trabajador puertorriqueño se le exige sobrevivir con menos protección y más cargas. La Ley 60 es uno de los ejemplos más claros.
Se vende a Puerto Rico como paraíso fiscal para personas de alto ingreso que no vienen necesariamente a integrarse al país, sino a aprovechar sus beneficios. Compran propiedades, encarecen comunidades, desplazan residentes y no aportan proporcionalmente al fisco que sostiene los servicios públicos que utilizan.
Después viene el desplazamiento territorial. Lo vemos en los Airbnb, en los proyectos de lujo, en la presión sobre las costas, en Cabo Rojo, Dorado, Rincón, Palmas del Mar y otros espacios donde cada vez es más difícil que una familia puertorriqueña pueda comprar, alquilar o permanecer.
Ese desplazamiento no es solamente residencial. Es también simbólico. Cambia la composición de las comunidades, cambia el comercio, cambia el idioma dominante en ciertos espacios, cambia la relación con la tierra. El país se convierte en escaparate para otros y en carga para los suyos. La tierra deja de verse como espacio de vida colectiva y pasa a verse como activo financiero.
A eso se suma el debilitamiento de las leyes de planificación y protección ambiental. Cada vez que se facilita construir en suelo protegido o se limita la capacidad de impugnar permisos ilegales, se le abre la puerta al capital grande y se le cierra al pueblo. Proyectos como Esencia y otros desarrollos en terrenos ecológicamente sensitivos revelan esa lógica: el territorio se mira como mercancía disponible, no como patrimonio colectivo.
Cuando se exige una fianza onerosa a municipios, agencias o ciudadanos para impugnar permisos, se reduce la fiscalización democrática y se protege al desarrollador poderoso. El mensaje es claro: el territorio vale más como negocio que como patria.
También se desplazan los servicios públicos. La privatización de la energía, de carreteras, de servicios esenciales y de funciones públicas no es neutral. Cada privatización reduce el control democrático del país sobre su infraestructura básica y entrega espacios de poder a intereses privados. LUMA y Genera son ejemplos de ese modelo.
No son solamente contratos malos. Son parte de una filosofía de gobierno que desconfía de lo público, desprecia la capacidad local y entrega funciones esenciales a entidades cuya lógica principal no es el bienestar del pueblo. Privatizar, en ese contexto, no es modernizar. Es transferir poder.
La Junta de Control Fiscal acelera ese proceso. PROMESA no llegó para reconstruir el país. Llegó para imponer una disciplina fiscal colonial, garantizar pagos a ciertos acreedores y reorganizar Puerto Rico bajo una lógica de libre flujo de capital, austeridad permanente y reducción del espacio público.
La Junta no es una anomalía. Es la expresión contemporánea del coloniaje. Viene a hacer, con lenguaje financiero, lo que antes se hacía con lenguaje civilizador. Antes decían que no estábamos preparados para gobernarnos. Ahora dicen que no estamos preparados para administrar nuestros recursos. En ambos casos, la conclusión es la misma: otros deciden por nosotros.
La Universidad de Puerto Rico es otra víctima central. Durante décadas sufrió politización, abandono y mala administración. Pero la Junta vino a darle el golpe más duro mediante recortes, restricciones presupuestarias y una visión que reduce la educación pública a una partida contable.
Destruir la Universidad no es un asunto administrativo. Es destruir una de las instituciones más importantes de movilidad social, pensamiento crítico, investigación, cultura y formación profesional del país. Un pueblo sin universidad pública fuerte queda más vulnerable al desplazamiento, porque pierde uno de los instrumentos principales para formar profesionales, producir conocimiento y sostener una conciencia nacional.
También se han debilitado los colegios profesionales. La eliminación o debilitamiento de colegiaciones compulsorias no puede mirarse aisladamente. Los colegios profesionales, con todos sus defectos, han sido espacios de identidad institucional, defensa ética, formación y cohesión profesional. Cuando se destruyen esas instituciones, se deja a los profesionales puertorriqueños más solos frente al mercado.
Y cuando se deja todo “por la libre”, los que tienen más capital, más conexiones y más poder externo ocupan el espacio. Por eso, la destrucción del Colegio de Abogados, del Colegio de Médicos, de los CPA y de otros cuerpos profesionales no es un detalle menor. Forma parte de una política de debilitamiento institucional del país.
El caso de la profesión legal es particularmente serio. Las nuevas reglas que permiten estructuras corporativas y participación de capital externo en bufetes locales abren una puerta delicada. Aunque se establezcan límites formales, como impedir que el capital externo tenga control mayoritario, el capital tiene una fuerza real que puede terminar controlando decisiones, prioridades y mercados.
Ya hay bufetes de capital extranjero en Puerto Rico y la nueva estructura facilita aún más esa integración. La pregunta no es solo quién aparece como dueño en los papeles. La pregunta es quién tendrá el poder económico para ocupar los espacios más rentables de la profesión.
A eso se suma la discusión sobre reciprocidad para abogados de otras jurisdicciones. Presentada como modernización, puede convertirse en otro mecanismo de desplazamiento. Permitir que abogados de Estados Unidos entren con facilidad al mercado puertorriqueño, sin una comprensión profunda de nuestro derecho, nuestra cultura jurídica y nuestra realidad social, no es igualdad. Es apertura unilateral.
Puerto Rico tiene un sistema jurídico particular. Tenemos derecho civil, derecho constitucional local, legislación laboral propia, normas procesales propias, instituciones propias y una historia jurídica distinta. No basta conocer derecho federal para ejercer competentemente en Puerto Rico.
Además, la reciprocidad puede ser ficticia. Un abogado puertorriqueño no puede llegar a cualquier estado y exigir admisión automática sin cumplir sus requisitos, sin tomar reválida o sin demostrar conocimiento del derecho local. Entonces, ¿por qué Puerto Rico debe abrir su mercado profesional como si nuestra jurisdicción fuera un simple apéndice? Esa apertura beneficiaría principalmente a quienes ya tienen capital, estructuras corporativas, clientes federales y redes comerciales en Estados Unidos. En áreas financieras, contractuales, laborales, corporativas y federales, el desplazamiento profesional podría ser rápido y profundo.
Este patrón también se ve en la industria de comunicaciones. Durante décadas, estaciones de radio, televisión y medios locales han sido absorbidos, debilitados o subordinados a intereses externos. Cuando se controla la comunicación, también se controla la imaginación política del país.
Se reduce el espacio para narrativas propias, se empobrece el debate público y se facilita la normalización del coloniaje. Un país que pierde sus medios, sus instituciones profesionales, su universidad, sus servicios públicos y su tierra va perdiendo también las herramientas para defenderse.
El desplazamiento se manifiesta, además, en la emigración. Cuando el costo de vida sube, los salarios no alcanzan, la vivienda se encarece, los servicios colapsan y las oportunidades se reducen, muchas personas no se van porque quieren. Se van porque las empujan. Ese es el punto más grave.
El desplazamiento no necesita expulsar a la gente por decreto. Basta con hacer invivible el país para los puertorriqueños comunes. Basta con convertir quedarse en una hazaña económica y emocional. Por eso, la emigración no puede verse solamente como decisión individual. En muchos casos, es el resultado de una política pública que no protege al residente local.
La historia de control poblacional en Puerto Rico también debe recordarse. Las esterilizaciones masivas, el uso de mujeres puertorriqueñas en experimentos con anticonceptivos y las políticas de reducción poblacional son parte de un trasfondo doloroso. No son anécdotas. Son capítulos de una visión colonial sobre nuestros cuerpos y nuestro futuro. Esa historia demuestra que el desplazamiento no es una teoría absurda.
Puerto Rico ha sido tratado muchas veces como laboratorio, mercado, base militar, paraíso fiscal y territorio disponible. Lo que pocas veces se le ha reconocido es su derecho pleno a existir como país.
En ese contexto, la estadidad del PNP aparece cada vez menos como un proyecto de igualdad y cada vez más como un proyecto de sustitución. Como no lograron asimilar al pueblo, parecen apostar a cambiar las condiciones materiales del país para que el pueblo se vaya, se reduzca o pierda capacidad de decidir.
Por eso, Bad Bunny es profético. Quieren hacernos lo que le pasó a Hawái. El liderato estadista sabe que la estadidad enfrenta una muralla política en Estados Unidos, particularmente dentro del Partido Republicano. Aunque muchos líderes del PNP se disfracen de republicanos, nunca serán vistos plenamente como parte de ese mundo político. Para sectores MAGA, Puerto Rico sigue siendo demasiado latino, demasiado pobre, demasiado distinto y demasiado demócrata en potencia.
Por eso, el PNP se queda sin la vieja promesa de la asimilación. No puede convencer a Estados Unidos de que somos iguales. No puede convencer a Puerto Rico de que deje de ser Puerto Rico. Entonces, su apuesta se vuelve más peligrosa: abrir los portones para que otros ocupen los espacios que los puertorriqueños ya no puedan sostener. Ahí encajan los incentivos contributivos, los megaproyectos, la privatización, el debilitamiento profesional, la destrucción de la universidad y del ambiente, la permisología al servicio del capital y la austeridad de la Junta. No son hechos aislados. Son piezas de una misma maquinaria.
El tablero político estadounidense también explica parte de esta desesperación. Los estadistas del PNP se han movido entre demócratas y republicanos según soplen los vientos del poder. En otros tiempos, figuras importantes del PNP se identificaban con el Partido Demócrata. Más recientemente, sectores del liderato estadista han querido presentarse como republicanos, quizás pensando que así ganarían simpatías en Washington.
Pero ese cálculo ha fracasado. El republicanismo estadounidense actual no parece tener interés real en admitir a Puerto Rico como estado. Y si en algún momento los demócratas retoman con fuerza la idea de la estadidad, el PNP volverá a acomodarse, como siempre, al poder que crea más conveniente. Esa es otra razón para no permitir que Puerto Rico sea ficha del ajedrez partidista estadounidense.
La conclusión es dolorosa, pero necesaria. La asimilación fracasó porque Puerto Rico siguió siendo Puerto Rico. Ahora viene el desplazamiento a toda máquina porque el proyecto estadista necesita alterar la realidad social del país para acercarse a su objetivo. Esa estrategia destruye toda oportunidad de crecimiento para los puertorriqueños. Destruye la economía local, debilita las profesiones, encarece la vivienda, privatiza servicios, reduce la universidad, entrega la tierra y empuja a la gente a emigrar. El PNP y la Junta no están construyendo un país. Están desmontando las condiciones que permitirían que el país crezca por sí mismo.
Por eso, hay que mirar el patrón completo. No basta con oponerse a una ley, un permiso, una privatización o una exención contributiva. Hay que entender que todas esas medidas forman parte de una ofensiva mayor contra la permanencia del pueblo puertorriqueño en su propia tierra.
Puerto Rico no puede resignarse a ser un territorio bonito para otros y difícil para los suyos. No puede aceptar que la única salida para sus jóvenes sea irse. No puede permitir que su universidad, sus profesiones, sus costas, sus barrios y su economía se conviertan en botín.
La respuesta tiene que ser conciencia, organización y resistencia democrática. Hay que lograr la descolonización y la independencia. Así podremos derogar las leyes que facilitan el desplazamiento y proteger la Universidad de Puerto Rico, la vivienda, las costas, las profesiones, los servicios públicos y la economía local.
Sobre todo, hay que abandonar la ilusión de que este proceso de desplazamiento es casual. No lo es. Es una estrategia. Primero intentaron asimilarnos. Fracasaron. Ahora intentan desplazarnos. Y, frente a esa estrategia, la respuesta debe ser clara: Puerto Rico no está en venta, no está vacío y no está dispuesto a desaparecer. Puerto Rico necesita su independencia.
