San Juan, Puerto Rico (EFE) – El Departamento de Justicia informó este viernes que se recomendó un fiscal especial independiente (FEI) para investigar al alcalde de Río Grande, Ángel B. González Damudt, por unas alegadas irregularidades en el proceso de alquiler de vehículos de motor en el municipio.
El referido está cimentado en los hallazgos de una auditoría realizada por la Oficina del Contralor, sobre alegadas irregularidades en el proceso de alquiler de dichos automóviles, según la prueba recopilada por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (Dipac) de Justicia.
La Dipac estableció en su informe, que existe causa suficiente para creer que González Damudt y su exdirector de Finanzas, Luis A. Pagán Padró cometieron el delito de incumplimiento del deber (Artículo 262) y malversación de fondos públicos (Artículo 264) del Código Penal de Puerto Rico.
Igualmente, se considera que el alcalde González Damudt, del Partido Popular Democrático, incurrió en una infracción al Artículo 4.2, de la Ley 1-2012, según enmendada, conocida como Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico.
Asimismo, el Panel del FEI consideró que surge prueba tendente a demostrar que el alcalde, así como Pagán Padró, pudieron haber incurrido en las violaciones de ley que se indican en el mismo.
«Se debe tener presente que el quantum de prueba que se recopila y considera durante el trámite de la investigación preliminar que realiza el Departamento de Justicia, es distinto al quantum de prueba que se recopila en el proceso de la investigación a fondo a cargo el FEI», reza en parte la Resolución emitida por el PFEI.
En razón de ello, el Artículo 3 de la mencionada Ley 2 establece que el FEI tiene la facultad de instar las acciones criminales que procedan como resultado de las investigaciones que realice sobre los asuntos que se le asignen, agrega el dictamen.
El Panel del FEI, a su vez, designó a la fiscal especial Fabiola Acarón Porrata-Doria, asistida por la fiscal Ileana Agudo Calderón, como fiscal delegada.
Las fiscales especiales tienen con 90 días para realizar la investigación a fondo correspondiente, según determina la Ley 2-1988.
De requerir tiempo adicional para concluir la misma, deberán pedirlo al Panel previo a concluir con el periodo asignado.
En la orden a las fiscales, también se les faculta a proceder contra cualquier otro funcionario que haya incurrido en violaciones de ley en cuanto a estos hechos.
