Por Sandra D. Rodríguez Cotto
En Blanco y Negro
Es el retorno de la Unidad de Inteligencia de la Policía. A eso de las tres de la tarde arrestaron en Humacao al joven Dennis O. Rosario por hechos que supuestamente ocurrieron durante las manifestaciones frente al edificio Sol y Playa en Rincón hace tres días.
Rosario, residente de Naguabo, fue arrestado en el restaurante Vida Mía en Humacao bajo el alegado de que amenazó a oficiales de la policía. Fue citado a la Fiscalía de Aguadilla mañana a las 9 de la mañana.
El arresto lo produjeron agentes de la distrito de Rincón, a cargo del sargento Fabián del Valle Martínez.
Este caso no se da en un vacío. Ayer en esa misma fiscalía de Aguadilla radicaron cargos por agresión contra Zaida Morales Santiago,la mujer que apareció en una serie de vídeos en las redes sociales mientras fue arrestada y golpeada por al menos seis policías. Morales Santiago alegó que fue “secuestrada” por los policías, que le violaron sus derechos y anticipó que los demandará. Sin embargo, el Ministerio Público le radicó cargos a ella por agresión.
Estos hechos también coinciden con el arresto de un adulto mayor en Aguadilla en un incidente donde fue golpeado y recibió una descarga de “taser” porque se negó a entregar su licencia hace unos días. El gurabeño Roberto Capella Casellas, de 63 años, fue arrestado por dos agentes uniformados y uno civil en un incidente cuyas imágenes de violencia consternaron al país.
El policía que iba de civil en ese vídeo resultó ser el sargento Gabriel Acevedo Pérez, quien en noviembre pasado mató de un disparo a Will Joel López Rodríguez, de 38 años, mientras se encontraba de paseo con su esposa. El caso fue denunciado por la organización Kilómetro Cero ayer.
Estos incidentes además coinciden con expresiones hechas por el Secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres, quien confirmó al noticiero de TeleOro Canal 13 que la Policía reactivó su Unidad de Inteligencia para perseguir a los manifestantes.
TRASFONDO DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA
La Unidad de Inteligencia de la Policía tiene un historial de perseguir personas desde hace más de 100 años. Desde la creación de la Policía Insular la práctica de vigilar ciudadanos se convirtió en algo rutinario hasta que en el 1933 comenzó el proceso de fichar y carpetear a personas sospechosas de cometer algún delito surge de manera oficial, luego del atentado para asesinar al gobernador Robert H. Gore en su residencia de verano de Jájome Alto.
Según la investigación “Las carpetas: Persecución política en Puerto Rico” se carpetearon personas en la Masacre de Río Piedras del 1935, donde asesinaron a cuatro nacionalistas y aun policía. En marzo de 1937 ocurrió la Masacre de Ponce donde acribillaron a 20 personas e hirieron a 200 personas vinculadas al Partido Nacionalista. La represión continuó y en el 1948 el gobierno impuso la Ley de la Mordaza que le aplicaron a muchos manifestantes. Esa ley fue derogada en el 1957 por recomendación del un Comité de Derechos Humanos que había establecido el entonces gobernador Luis Muñoz Marín.
Treinta años más tarde, el 1987, la División de Inteligencia tenía una oficina central que operaba desde el Cuartel General de la Policía de Puerto Rico bajo la supervisión del Superintendente de la Policía. Tenía seis oficinas o unidades regionales en los pueblos de Arecibo, Mayagüez, Ponce, Caguas, Humacao y Aguadilla. La información obtenida sobre los fichados ya fuesen individuos u organizaciones era enviada a la oficina central de la División de Inteligencia. Allí existían nueve secciones con tareas específicas asignadas a cada una de ellas. Estas eran las secciones de investigación de Empleos, de Extranjeros, de Servicios Especiales, de Clandestinos, la de Análisis, la Obrero-Patronal, una denominada Frente y la Contraespionaje.
El exrepresentante del Partido Independentista Puertorriqueño David Noriega Martínez le exigió a la Policía la lista de los ciudadanos y organizaciones objeto de carpeteo. Esto culminó con un caso que llegó hasta el Tribunal Supremo en el 1988 (Noriega Rodríguez v. Hernández Colón, 122 D.P.R. 650), que estableció que el carpeteo era inconstitucional y se ordenó la entrega de los documentos a las personas perjudicadas. Miles de personas acudieron a recuperar los expedientes o tarjetas en los que se reseñaban, de forma ilegal, sus actividades políticas y personales.
En diciembre de 1999, el entonces gobernador Pedro Rosselló González emitió una Orden Ejecutiva (OE-99-62), aceptando que constituía un «bochornoso episodio en nuestra historia” la “práctica corrupta de fichar ciudadanos por el sólo motivo de sus creencias ideológicas y políticas».
